La presidenta de la sección española de AI, Eva Suárez-Llano, y el directoren España, Esteban Beltrán, fueron los encargados de presentar los datos más significativos que se recogen en el "Informe Anual 2001".

Según explicó Beltrán, en España los casos relacionados con el racismo y la inmigración centran la mayor parte de las denuncias. Así, AI alerta del aumento de los casos de malos tratos y detenciones ilegales denunciados por inmigrantes.

Asimismo, denuncia la actuación de las autoridades ante la llegada de inmigrantes, "a quienes no prestan la asistencia sanitaria ásica". El informe también recoge la "preocupación" de Amnistía ante la aprobación de la Ley de Extranjería que, en su opinión, está restringiendo el derecho de asilo y no respeta el principio de no devolución de una persona que puede sufrir tortura o malos tratos en su lugar de origen.

Respecto al terrorismo de ETA, AI denuncia la muerte de 23 personas a lo largo del año 2000 y la escalada de la violencia callejera. Según recordó Beltrán, el pasado año Amnistía inició una campaña para llamar la atencón de ETA gracias a la cual más de 57 grupos de esta organización en 15 países comenzaron a remitir cartas a distintos miembros de la banda que, hasta el momento, no han recibido contestación.

El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en la disolución de manifestaciones centra también las denuncias recogidas en el informe. En concreto, el documento recoge la actuación de los Mossos d'Esquadra durante una manifestación de trabajadores marroquíes en Aitona (Lleida).

Otra manifestación ceebrada ante el Congreso de los Diputados por un grupo de pacifistas que pedían la condonación de la deuda externa se saldó con 24 heridos y 7 detenidos. También en Galicia se recibieron informes de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía.

Otras violaciones de derechos humanos registradas en España en el año 2000 se refieren a los casos de malos tratos y torturas en las cárceles españolas, en concreto en el centro de Soto del Real (Madrid) y Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria.

PENA DE MUERTE

En el panorama internacional el informe anual de Amnistía documenta la existencia de ejecuciones extrajuidicales en 61 países, ejecuciones judiciales en 28, presos de conciencia en al menos 63, casos de tortura y malos tratos en 125 y desapariciones en 30. Sin embargo, la organización cree que las cifras reales de estos abusos son mucho más altas.

Durante 2000, al menos 1.457 presos fueron ejecutados en 28 países y 3.058 personas fueron condenadas a muerte en 65 países. En estesentido, Beltrán recordó que hace un siglo tan sólo tres países habían abolido la pena de muerte y que hoy hay 107 países que o la han abolido, o sólo la emplean para casos excepcionales, como en tiempo de guerra, o bien llevan más de 15 años sin ejecutar a nadie aunque la mantengan en la legislación.

"Hay una tendencia imparable de abolición de la pena de muerte y el 85% de las ejecuciones en el planeta tienen lugar en cinco países, Estados Unidos, China, Arabia Saudí, República Democrática del Congoe Irán", aseguró Beltrán.