Estas son las principales conclusiones extraídas del "Informe anual de política exterior 1999", el primero que Amnistía Internacional publica sobre la política exterior española en materia de derechos humanos.

Entre los aspectos más negativos de la política exterior del Gobierno de JoséMaría Aznar, AI critica la falta de igualdad del Ejecutivo con todos los países del mundo, ya que sólo ha habido acciones concretas en Colombia, Cuba o Guinea Ecuatorial, pero no en Argelia, México, Perú o Estados Unidos.

AI acusa también al Ejecutivo de falta de transparencia para explicar su política exterior de derechos humanos a la comunidad internacional o a la opinión pública, sobre todo en el comercio de armas, y también la falta de colaboración real con la justicia en los casos de la AudienciaNacional relativos a los crímenes cometidos durante las dictaduras de Argentina y Chile.

Los aspectos positivos se resumen en la creación, dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, de la Subcomisión de Derechos Humanos; el apoyo a la futura creación de un Tribunal Penal Internacional; y acciones concretas a favor de algunos países que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, como Colombia, Cuba y Guinea Ecuatorial.

RECOMENDACIONES

El informe de Amnistía incluye 21 recmendaciones al Gobierno español, al Congreso y a la Casa Real, con el fin de que se asuma el compromiso expresado en el programa electoral con el que el PP ganó las elecciones en 1996, según el cual "la política exterior española se basará en la defensa de los derechos humanos".

El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, lamentó, en rueda de prensa, que España no disponga aún de un plan de acción de defensa de los derechos humanos, tal y como se acordó en la Conferencia mundial de ls Derechos Humanos de Viena (1993) para todos los gobiernos.

Por su parte, el director de la Sección Española de AI, Esteban Beltrán, mostró su preocupación por la falta de apoyo real del Gobierno español para la extradición de Pinochet, ya que "no ha realizado declaraciones de apoyo a las víctimas ni ha puesto a disposición de la justicia toda la información de derechos humanos, incluyendo si la información es secreta".