El nuevo texto refuerza la protección de mujeres, niños, personas con discapacidad y homosexuales, pero deja fuera a los ciudadanos de la Unión Europea.

Aunque Amnistía Internacional y CEAR consideran que el texto "tiene elementos positivos", creen que "no recoge garantías fundamentales para el cumplimiento del derecho de asilo en España", como es esa exclusión del derecho a solicitar asilo de los ciudadanos europeos comunitarios.

Por esta razón, las dos ONG opinan que españa ha perdido "la oportunidad de liderar en Europa la defensa del derecho de asilo". "Es un derecho en peligro de extinción, gravemente amenazado en los últimos años por políticas comunitarias obsesionadas por el control migratorio y el cierre de fronteras", señalan en un comunicado.

Además, afirman que las bajas cifras de solicitudes de asilo en España en los últimos años "muestran que no hay ninguna justificación para restringir aún más el acceso al derecho de asilo".