Martin MacPherson, director del Programa de Asesoramiento Legal de Amnistía Internacional, considera que "una votación en contra de este Protocolo Facultativo supondría un desastroso revés en la lucha contra la tortura".

Según el Informe Anual de 2002 de Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad, la policía u otras autoridades estatales infligieron presuntas torturas o malos tratos a personas en 111 países.

"Todos los miembros del ECOSOC deben resistirsea cualquier intento de hacer descarrilar este proyecto: las víctimas de tortura no merecen menos", sentenció MacPherson, al tiempo que instó a que el texto del protocolo se presente ante la Asamblea General para su aprobación.

El Protocolo Facultativo se ha estado debatiendo durante los últimos diez años y goza de amplio respaldo entre los miembros del ECOSOC, incluidos la Unión Europea y países de la mayoría de las regiones del mundo, pero se enfrenta a la oposición de Estados Unidos.

Según MacPerson, "es terrible que Estados Unidos se oponga a un progreso en el derecho internacional que prevendría la tortura". "Reabrir las negociaciones en este punto sólo puede conducir a que se diluya el texto, con lo que no cumplirá su objetivo: prevenir la tortura y los malos tratos, que siguen estando tan extendidos en todo el mundo".

Este protocolo crea un mecanismo encaminado a prevenir la tortura mediante el establecimiento de un sistema internacional de visitas de inspección sin previo aviso a lugars de detención, como comisarías de policía y prisiones. A raíz de las visitas, los expertos que las realicen podrían formular recomendaciones sobre medidas prácticas para prevenir la tortura. Sin embargo, sólo se aplicaría a aquellos estados que decidan ser partes en el protocolo.