Así se recoge en un nuevo informe sobre lo sucedido en la tragedia de Melilla elaborado por Amnistía a partir de material videográfico, documentos y entrevistas a supervivientes, testigos y miembros de ONG en Marruecos.

Presentada este martes en Madrid, la investigación acusa a la policía española de “omisión del deber de socorro” y de “impedir la actuación de los efectivos de la Cruz Roja”. Según Beltrán, “muchos heridos podrían haber sobrevivido de haber recibido la asistencia que necesitaban”.

Asimismo, denunció que los agentes españoles incurrieron en “un uso indebido de la fuerza, por acción o por omisión, con el lanzamiento de pelotas de goma y el empleo de gases lacrimógenos contra personas que estaban desarmadas y tiradas en el suelo, por lo que no representaban ningún peligro".

También acusó a España de llevar a cabo más de 400 devoluciones sumarias y destacó que “una parte muy significativa de las muertes sucedidas entre Melilla y Marruecos se debieron a la acción conjunta” de las policías de ambos países.

OCULTACIÓN

La investigación se muestra también muy crítica con la actuación posterior del Gobierno español, que “parece que intenta encubrir los hechos”. Para Beltrán, el Ministerio del Interior “ha intentado minimizar la gravedad de lo que ocurrió” y “ha realizado muchas afirmaciones imprecisas, cuando no falsas”.

En su opinión, prueba de esta falta de compromiso es que, “a día de hoy, no hay nadie investigado en España por estos crímenes”. “El Gobierno colabora solo a regañadientes con la Defensoría del Pueblo”, prosiguió, y “ha bloqueado cualquier otro intento de investigación”.

“Tampoco ha mostrado ningún interés ni por los heridos y detenidos en Marruecos, ni por las 77 personas que permanecen desaparecidas en ese país”, concluyó.

Según Beltrán, “durante todo el día 24 de junio, España negó la atención sanitaria a los heridos en la parte española, y tampoco se ofreció ninguna colaboración a Marruecos”.

El informe recoge además testimonios de personas heridas que fueron devueltas a la fuerza al lado marroquí de la frontera” por parte de los agentes españoles, que no les auxiliaron, recalcó.

En su opinión, “la fiscalía debería iniciar una investigación, puesto que hay pruebas suficientes para ello”. De no ser así, “existe un riesgo muy alto de impunidad”, advirtió.

Marruecos

En la presentación participó también la directora adjunta de AI para el Norte de África y Oriente Medio, Amna Guellali, que se refirió a los crímenes cometidos por la gendarmería marroquí.

A su juicio, los agentes marroquíes también incurrieron en un uso excesivo de la fuerza, con lanzamiento de piedras contra personas que estaban heridas en el suelo, e impidieron la atención sanitaria de los heridos. “Varios testigos y supervivientes relataron que había ambulancias disponibles”, afirmó, pero que se dio prioridad al traslado de los gendarmes heridos y después, de los cadáveres.

“No se atendió a los migrantes heridos”, contra los que se usaron “palos y material antidisturbios cuando estaban ya en el suelo”.

En el caso de Marruecos, el informe denuncia también la desaparición de al menos 77 personas, sobre las que las autoridades se niegan a informar.

Se calcula además que unas 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas del país, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunos supervivientes dijeron a Amnistía Internacional que habían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera.

AL MISMO NIVEL

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamar, defendió la tesis de “la responsabilidad conjunta” de los dos países en la tragedia sucedida el 24 de junio.

La investigación “deja claro” que muchas de las muertes se produjeron en “las instalaciones del Barrio Chino” (territorio español).

A su juicio, España y Marruecos “tuvieron responsabilidad al mismo nivel”, y exigió una investigación exhaustiva por parte de ambos gobiernos.

El informe establece que se produjeron al menos 37 homicidios ilegítimos”, recalcó, lo que implica una vulneración evidente del derecho a la vida” de dichas personas “ y da cuenta de “un uso excesivo de la fuerza y de torturas”.

Asimismo, el trabajo constata “devoluciones en caliente, desapariciones forzosas en Marruecos y omisión del deber de socorro”, prosiguió, que “son también crímenes contra el derecho internacional”.

La negativa a investigar por parte de ambos países vulnera de nuevo el derecho de las víctimas y de sus familiares.

RACISMO

Finalmente, el informe denuncia “la imposibilidad de solicitar asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla”, lo que contradice la versión oficial del Gobierno español.

Marruecos carece por su parte de ninguna legislación en este sentido, de modo que a las personas subsaharianas que huyen de Sudán, Mali, Somalia u otros países afectados por la guerra les resulta imposible acceder a la protección internacional.

Desde hace más de un decenio, expertos de Naciones Unidas han expresado preocupación por el trato discriminatorio que se dispensa a las personas subsaharianas en esta frontera, apuntó Callamar.

La relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia afirmó en noviembre que la violencia de Melilla “revela el statu quo de las fronteras de la Unión Europea: utilización de exclusión racializada y violencia letal para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio y de otras poblaciones no blancas”.

Según Callamar, “la fuerza ilegítima empleada en Melilla ha dejado una mancha indeleble no sólo en las manos de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, sino también en las manos de todas las personas que impulsan políticas migratorias racistas”.

“En vez de fortificar las fronteras, las autoridades deben abrir vías seguras y legales para las personas que buscan seguridad en Europa”, concluyó.