AMNISTIA ACUSA AL GOBIERNO DE ANTEPONER LOS INTERESES ECONOMICOS A LOS DERECHOS HUMANOS EN SU POLITICA EXTERIOR
- La organización pide al Ejecutivo que apruebe un Plan Global de Derechos Humanos y d más transparencia al comercio de armas
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La presidenta de la sección española de Amnistía Internacional (AI), Eva Suárez-Llanos, afirmó hoy en Madrid que en la política exterior del Gobierno español "pesan más los intereses económicos que los derechos humanos" y aseguró que España se queda atrás con respecto a otros países europeos, al limitarse a practicar "una política de mínimos".
Suárez-Llanos hizo estas declaraciones durante la presentación del Informe Anual e Política Exterior 2001, elaborado por la sección española de AI con el objetivo de analizar la política exterior llevada a cabo por nuestro Gobierno en materia de derechos humanos a lo largo del año 2000.
Según el informe, el Ejecutivo español mantuvo el año pasado unas "relaciones privilegiadas" con países como China, Colombia, Guinea Ecuatorial, Rusia o Argelia, "basada casi exclusivamente en los intereses económicos de España" y en el descuido de la defensa de los derechos humanos, "que ha pasadoa un plano insignificante, cuando no ha sido directamente olvidada".
AI asegura que en todos estos países se cometen violaciones sistemáticas de los derechos humanos y denuncia por ello la falta de tratamiento de esta cuestión por parte del presidente Aznar y de los miembros de la Casa Real durante las visitas que realizaron a varios de estos estados durante el año 2000.
EMPRESAS ESPAÑOLAS
El documento llama también la atención de las empresas españolas que operan en el extranjero para que se aeguren de que su acción en el exterior no sólo no perjudica a los derechos humanos, sino que respeta y fomenta su desarrollo.
Dentro de este contexto comercial, Amnistía analiza el tema de la exportación de armas y las transferencias militares, de seguridad y policiales, y concluye que la información que el Gobierno suministra al Parlamento y a la opinión pública sobre este capítulo es poco transparente y exacta.
AI asegura en este sentido que "ha detectado el tránsito por España de material bélio con destino a Sierra Leona, país bajo embargo de armas por la ONU, y que ha identificado la posibilidad de que compañías españolas puedan exportar productos susceptibles de ser utilizados para la tortura a países donde se violan los derechos humanos".
A este respecto, Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en política internacional, aseguró que España practica una política de transacción de armas que van a parar a regímenes donde se violan lo derechos humanos, como es el caso de Sierra Leona, Turquía, Arabia Saudí o Marruecos, entre otros.
Eva Suárez-Llanos aseguró que si bien el Gobierno español realizó el año pasado algunas acciones positivas con respecto al tratamiento de los derechos humanos dentro de su política exterior, hay otros muchos aspectos negativos que, en opinión de AI, debería modificar.
Es el caso, por ejemplo, del "apoyo entusiasta" al Plan Colombia, que según esta organización no considera las repercusiones negativs para los derechos humanos ni incluye la opinión de la sociedad civil.
La presidenta de AI en España pidió al Gobierno de Aznar que elabore un Plan Global de Derechos Humanos, que recoja los objetivos claros de su política en esta materia. Mientras este plan llega, continuó, debería realizar un Informe Anual de Política Exterior en materia de derechos humanos, como el que hay en Reino Unido y Alemania.
Suárez-Llanos pidió también la creación de un foro tripartito constituido por la Administració, las empresas y organizaciones de derechos humanos, para que ejerza un mayor control sobre la actuación de las empresas en el exterior.
(SERVIMEDIA)
06 Jun 2001
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