Falta de información sobre su situación legal y sus derechos; riesgo de caer en manos de delincuentes; casos alarmantes de violencia sexual; discriminación en la frontera a personas residentes en Ucrania pero de terceros países, sobre todo de origen africano; y trabas en el acceso desde Ucrania a varones con discapacidad o con menores a cargo son algunos de los ejemplos documentados por Amnistía tras una visita de diez días a la frontera.

Según AI, el voluntariado era mucho más visible y activo que las autoridades gubernamentales en todos los lugares visitados, incluidos los puntos de recepción en las inmediaciones de Medika -principal paso fronterizo utilizado por quienes huyen de Ucrania- y Korczowa (centro de recepción Hala Kijowska), así como en los centros de acogida y las estaciones de tren de Przemysl y Varsovia.

“Depender de la labor del voluntariado no es sostenible a largo plazo”, denunció, e instó a las autoridades a actuar con rapidez para ofrecer inscripción adecuada en registro, alojamiento a más largo plazo, apoyo psicosocial, transporte y asistencia adicional.

“A pesar de los encomiables esfuerzos del voluntariado persisten deficiencias críticas, también en la provisión de información a las personas refugiadas sobre su situación jurídica”, indicó Amnistía. A su juicio, el Gobierno debe proporcionar a toda persona que huye de Ucrania información sobre su situación jurídica en Polonia y sus posibilidades de viajar legalmente a otros países de la UE. “Muchas personas no ucranianas, incluidas las que necesitan protección internacional, no saben con certeza cuál es su situación en Polonia.

VÍCTIMAS DE DELITOS

Por otro lado, Amnistía apuntó que “la falta de intervención del Estado deja a las personas que huyen de Ucrania expuestas a la violencia y a la trata de seres humanos”.

Amnistía Internacional visitó varios centros de acogida temporal en Przemysl (centro Tesco) y Korczowa (centro Hala Kijowska), próximos a la frontera con Ucrania, que “estaban organizados para facilitar transporte adicional sin demora, y a menudo se basaban en particulares que ofrecían transporte o alojamiento”.

Según AI, “el voluntariado está haciendo un gran esfuerzo para registrar las nuevas llegadas, pero en ausencia de procedimientos formales para su inscripción y seguimiento, los hombres, mujeres, niños y niñas que han huido de Ucrania -sobre todo si no hablan polaco o inglés- corren el riesgo de sufrir abusos a manos de bandas delictivas que intentan sacar provecho de la caótica situación”.

La delegación de Amnistía Internacional observó de primera mano cómo la gente llegaba a Polonia y buscaba inmediatamente la ayuda de cualquiera que pudiera prestársela. Preocupan especialmente los informes que llegan sobre violencia de género contra mujeres, niños y niñas.

Asimismo, organizaciones de derechos humanos polacas han afirmado que han recibido informes de más casos de violencia sexual, que se mantienen confidenciales, y expresan su preocupación de que las personas que huyen de Ucrania, entre las que hay menores no acompañados, puedan convertirse en víctimas de trata.

Además, Amnistía señaló que “están entrando niños y niñas en Polonia procedentes de Ucrania, pero las autoridades no registran los nombres de las personas que acogen a muchos de ellos. A veces, “estos menores son enviados por sus progenitores a vivir con familiares en Polonia”, y en uno de los casos, una niña de 11 años viajaba con su tío pero detuvieron a éste en la frontera y tuvo que continuar viajando sola”, contó Irena Dawid-Olczyk, presidenta de la ONG La Strada.

Karolina Wierzbińska, del movimiento Homo Faber, comunicó a la policía que una mujer estaba acercándose a las mujeres y menores que llegaban a la estación de tren de Lublin para ofrecerles dinero a cambio de su pasaporte. Personal de su organización también ha observado en Lublin a hombres que se acercan descaradamente a mujeres procedentes de Ucrania y les ofrecen transporte y alojamiento.

Por todo ello, Amnistía Internacional pidió al Gobierno polaco que se adopte un sistema de registro institucional y normalizado del paradero, la composición familiar y el destino de quienes huyen, así como de la identidad de quienes les ofrecen transporte o alojamiento.

DISCRIMINACIÓN EN UCRANIA

La ley marcial declarada en Ucrania prohíbe salir del país a todos los varones de 18 a 60 años. Por tanto, quienes salen son mujeres y menores en su inmensa mayoría, y las familias están siendo separadas.

Estas limitaciones tienen consecuencias “especialmente graves” para los hombres con discapacidad y los que tienen la responsabilidad exclusiva sobre sus hijos, denunció AI. Algunos hombres con discapacidad y en posesión de cierta documentación han obtenido permiso para salir del país, pero no ocurre así en todos los casos. Y lo mismo sucede con varones que están a cargo de menores de edad en exclusiva, a los que no se permite abandonar el país.