Las organizaciones alertaron de “la situación de vulnerabilidad” a la que se somete “a gran parte de la población en barrios con menor renta a la hora de crear zonas verdes”.

Esto podría “ocasionar la expulsión de sus hogares” si no se aplican políticas de protección de la vivienda, especialmente “en el contexto de cambio climático”, señalaron las organizaciones.

El informe titulado 'Derecho a la naturaleza, Derecho a la Ciudad', muestra las grandes injusticias urbanas existentes y su relación con la naturaleza.

Según ambas organizaciones “las altas temperaturas provocan más de 4.700 muertes al año sólo en España”.

En este sentido, las ciudades son un espacio clave. “Mientras sólo ocupan el 2% de la superficie terrestre” aglutinan a más de la mitad de la población y “son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

RENATURALIZAR LAS CIUDADES

Así las cosas, una de las posibles soluciones es “la renaturalización de las ciudades”. Las zonas verdes urbanas permiten la reducción a escala local de las temperaturas, además de generar espacios de encuentro y ocio y mejorar la salud de las personas.

Pese a la relevancia de esta cuestión “vemos grandes diferencias en el acceso a zonas verdes por cuestiones de renta”, señaló el responsable de Biodiversidad y Territorio en Amigos de la Tierra, Miguel Díaz.

De otro lado, la falta de planes “para renaturalizar las ciudades” puede traer “efectos negativos”, apuntó. En este sentido se manifestó la responsable de Sostenibilidad en CECU, Clara Vázquez, haciendo alusión a que estos proyectos “pueden conllevar el aumento de los precios de la vivienda”, muy relacionado con la “gentrificación verde”, que destruye entramados vecinales y priva a la ciudadanía del derecho a la naturaleza.

Para ello reclaman que se adopten una serie de medidas de urgencia para las que es necesario contar con “el trabajo conjunto entre todas las administraciones”.

Por una parte, se trata de lograr una implementar la renaturalización urbana para el año 2030 cumpliendo con los criterios establecidos por la OMS. Y de otro lado, “asegurar el derecho a la naturaleza”, de forma que estos proyectos “no contribuyan a la especulación inmobiliaria”.

Estas medidas pasan desde la regulación del precio del alquiler a limitar la expansión de los pisos turísticos o la prohibición de talar arbolado maduro en buen estado.