Así se recoge en un real decreto que incluye la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, prevista en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Con esta norma, la AMI -que representa a más de 80 medios de información españoles- indicó que “la legislación española equipara la situación de la prensa con el resto de Europa”.

La directora general de la AMI, Irene Lanzaco, agradeció a la Dirección General de Industrias Culturales, del Ministerio de Cultura y Deporte, la “sensibilidad” mostrada con la prensa para acabar con “una discriminación y una injusticia históricas”. “Nos privaban de unos ingresos legítimamente nuestros, que en ningún caso estamos en condiciones de ceder si queremos garantizar la sostenibilidad de los medios de información, fundamentales en nuestras sociedades democráticas”, añadió.

La AMI agradeció también el decisivo apoyo recibido de Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) y de los editores de libros representados en ella.

Tras la aprobación del real decreto, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor que gestionan la compensación por copia privada por mandato legal presentarán ante el Ministerio de Cultura los acuerdos internos de reparto.

Después de la validación del acuerdo por el Ministerio de Cultura, el nuevo derecho de compensación de copia privada llegará a la prensa dotado no solo de valor normativo, sino también de reconocimiento económico efectivo, según la AMI.

Los ingresos que la copia privada aportará a la prensa permitirán a las cabeceras de los medios de información ser ”más sostenibles”, según la AMI, y aplicar estos nuevos recursos al desarrollo de información realizada por periodistas con vocación de servicio a la sociedad, desde la identidad y responsabilidad de sus autores y grupos editoriales.

Todo ello “a diferencia de la información que es distribuida por las redes sociales, muchas veces desde el anonimato, la polarización y, en muchos casos, infringiendo el derecho a la intimidad de los usuarios por la captación de sus características personales de forma indebida, vulnerando con ello su derecho a la intimidad”, indicó Lanzaco.