Trillo explicó que "las penas privativas de libertad" no han de ser "un instrumento en mano de los intereses del Gobierno, sean cuales fueren estos intereses".

Además, dijo, el PP quiere que se cumpla la ley a través de los jueces "y que sean éstos, previo dictamen del fiscal, lo que valoren la pena que deben cumplir Amedo y Domínguez, y cualquier otro recluso".

A su juicio, los jueces deben intervenir en este tipo de concesiones "porque, de lo contrario, como ocurre en este caso, el sistema de penas privativas de libertad se convierte en un instrumento de negociación política del gobirno, y eso nos parece contrario a la esencia de un Estado de derecho".

En este sentido, Federico Trillo manifestó que "el Gobierno siempre ha manejado las dos vías - el indulto y el tercer grado - como alternativas" ya que "hay una clara intención del Gobierno de conseguir, de una forma u otra, la liberación de estos dos, porque empiezan por la vía del indulto y luego, cuando les falla, abren inmediatamente la vía del tercer grado".

Acerca de si el tercer grado puede ser una medida del Gobierno pra asegurarse el `silencio' de Amedo y Domínguez en el `caso GAL', Trillo señaló que "no sé cuáles son los fines que persigue el Gobierno liberando a Amedo" y que "es el Gobierno el que tiene que explicar por qué les concede este grado penitenciario.

"Creo que no vale el decir", continuó, "que les corresponden, como dijo González o Belloch, los beneficios al igual que cualquier otro recluso".