Rahola dijo que esta decisión supone "tener mano ancha al otro terrorismo, tan peligroso como el terrorismo de ETA". A su juicio, es una paradoja y una ironía que un ministro "progresista" como Belloh "se vea protagonizando la liberación de Amedo".

La parlamentaria catalana indicó que desde el punto de vista democrático es una "muy mala noticia" que una persona condenada a 108 años de cárcel y que sólo ha pasado 6 años en ella, "y que representa lo peor de un Estado de Derecho, la cloaca pura y dura, esté ahora en la calle".

Rahola pidió al ministro de Interior y Justicia que convoque una reunión de la Mesa de Madrid y que no tome decisiones en materia terrorista que estén fuera del consensopolítico, tanto en las que se refieren a la reinserción de presos de ETA o como el tercer grado para Amedo y Domínguez.

"Toda decisión tomada en materia terrorista que esté fuera del consenso creará alarma social, crispación y demasiada polémica. Tengo la sensación de que el ministro Belloch está buscando titulares de prensa polémicos, como en el caso del aborto o el de Amedo y Domínguez, para divertirnos con otras materias y hacer olvidar el caos político en que se ha instalado el Gobierno socialista, concluyó Rahola.

Rahola hizo estas declaraciones poco antes de participar en una mesa redonda sobre las comisiones de investigación, organizada dentro de los cursos de verano de El Escorial, y en la que también figuran el presidente de la "comisión Roldán", Josep López de Lerma (CiU), Luisa Fernanda Rudi (PP) y José Juan Gonzalez de Txabarri (PNV).

López de Lerma fue más cauto que Rahola en sus afirmaciones y se limitó a señalar que la decisión de conceder el tercer grado a Amedo y Domínguez seenmarca en el cumplimiento de la normativa legal.

MEDIDA VALIENTE

En cuanto al impulso de la política de reinserciones de presos etarras realizada desde Interior y Justicia, el diputado de CiU dijo que es una medida "valiente" que el Gobierno ha venido sopesando desde hace años.

"Tiene su interés positivo", añadió, "en el sentido de que son medidas que pueden ayudar a crear un clima propicio mediante el cual desaparezca definitivamente el terrorismo, pero que lleva un componente de autorriesgo"

López de Lerma puso de relieve que el Gobierno no tiene por qué medir los costes políticos que ocasionan este tipo de medidas. "Debe medir la eficacia de sus decisiones como Gobierno, que para eso está. En este país necesitamos precisamente que el Gobierno gobierne y que cargue con los costes políticos que deba cargar, para que la sociedad avance y el país progrese, y en el campo terrorista en concreto, se vaya limitando el campo de acción de los terroristas".

González de Txabarri, del PNV, maniestó que el tercer grado para los dos ex policías forma parte del conjunto de decisiones que está tomando el Ministerio de Justicia e Interior. "En principio,", aclaró, "nos resulta curiosa la política que se está aceptando desde el punto de vista democrático, porque no nos consta que los señores Amedo y Domínguez hayan hecho ninguna manifestación de reinserción desde el punto de vista del reconocimiento de los valores democráticos".

Por su parte, Luisa Fernanda Rudi, del PP, afirmó escuetamente que l concesión del tercer grado es una medida "sorprendente", porque no parece que en el Gobierno hubiera una opinión clara con respecto a este asunto. La parlamentaria popular lamentó que el Ejecutivo siga aprovechando el mes de julio para tomar decisiones que pueden plantear interrogantes.