Calderón aprovechó para criticar que todavía no se haya reformado la Ley general Penitenciaria para que sean los jueces de vigilancia penitenciaria, y no la administración, los encargados de conceder el tercer grado.

"Cuando, además, se trata de hechos delictivos que han producido alarma y u gran escándalo social, como es el caso, no pueden ser premiados con lo que, al fin y al cabo, nosotros entendemos que es una medida de gracia encubierta, un quasi indulto", insistió.

En opinión de la APM, "de nada sirve" que un juez dicte cientos de años de cárcel, si la Administración penitenciaria es la que ejecuta la sentencia "en los términos que cree más convenientes".

Porque, en definitiva, comentó, "lo que hay es una suplantación de la función jurisdiccional, del Poder Judicial por parte e la administración, y además sin ninguna clase de control. Una medida de esta clase es poco respetuosa con el Poder Judicial".