Así lo destacó Vila en rueda de prensa en Madrid tras la celebración de la Asamblea de la asociación, donde estuvieron presentes 47 municipios de cerca de los 70 que forman parte de la asociación.

En esta línea, el principal resultado del cónclave fue la decisión de impugnar mediante un recurso contencioso- administrativo la decisión que tome el Gobierno sobre Garoña "si no es de continuidad por diez años entendiendo que con ello se causaría un perjuicio económico y tendríamos derecho a reclamar el resarcimiento del daño económico causado".

De esta forma, la asamblea consideró que "la decisión del cierre de Garoña por parte del Gobierno podría no ajustarse a la ley". Sin embargo, Vila dejó claro que "no esta dentro de las competencias municipales abrir o cerrar centrales nucleares, por tanto, no negociaremos nada con el Gobierno".

También destacó que "no podemos permitir que se desprestigie la imagen del CSN" y explicó que "hemos trasmitido a la Secretaría de Estado de Energía el sentir de los alcaldes de la zona".

Sobre las reclamaciones, Vila aseguró que "es muy prematuro" hablar de cantidades aunque subrayó que "estamos estudiando jurídicamente el tema para hacer una estimación de pérdidas de ingreso". Así, en julio, la AMAC celebrará una asamblea ordinaria para valorar el informe jurídico.

Asimismo, la entidad aprobó el apoyo a la decisión del CSN, "que ha emitido un informe que informa favorablemente sobre la continuidad de Garoña durante diez años", ya que, señalaron, "es el máximo órgano garante de la seguridad".

En esta línea, se aprobó la petición de instar a los grupos parlamentarios a que modifiquen la Ley nuclear y la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear "para que la autorización de funcionamiento de instalaciones nucleares en España dependa del CSN y el debate nuclear salga de la política".

Además, exigen que se afronte el desarrollo económico de las zonas nucleares "con antelación a la finalización de la explotación para asegurar el futuro de los ciudadanos" y que "las políticas, en este sentido, que se establezcan, a partir de ahora, tengan efectos retroactivos en la central de Zorita".

Vila también destacó que otro de los puntos aprobados fue la petición de "solidaridad de todos los españoles ante las zonas nucleares en España" y adelantó que "próximamente" se celebrará una concentración de alcaldes de municipios en áreas de centrales nucleares en torno a la situación de Garoña.

SIN PLAN ALTERNATIVO

Por su parte, el alcalde del Valle de Tobalina (Burgos), Rafael González, donde está situada la central nuclear de Santa María de Garoña aseguró que "estamos defendiendo puestos de trabajo, a familias humildes y a unos municipios que han soportado esta actividad durante muchos años".

Así, recriminó al Gobierno no tener un "plan alternativo" y tener "muy poca sensibilidad hacia la zona", al tiempo que aseguró que el cierre "nos puede dejar sin puestos de trabajo y sin unos impuestos esenciales para que funcionen estos municipios". Según explicó el alcalde, cerca de 2.500 empleos directos e indirectos dependen de la central.

"Hasta este momento no se han acordado de que existen centrales nucleares y no piensan que en estas ubicaciones debe haber más actividad industrial para que llegado este momento este traume no sea tan terrible", subrayó.

En su opinión, no es serio que "el Gobierno haya pedido al Consejo tres informes nuevos: uno para una prolongación de dos años; otro, para cuatro; y un último, para seis". "Esto no es serio y tampoco intentar hacer un plan de reconversión con poco tiempo", dijo.

Sobre la resolución del CSN, aseguró que "la central es segura; lo ha dicho el CSN y si viera la más mínima señal de que no es segura pediríamos el cierre inmediatamente". "Lo que hace Garoña es generar energía eléctrica, crear riqueza y empleo y por eso cerrarla no es razonable", destacó.