La declaración de Alvárez se produce después de que el ex diplomático Francisco Paesa afirmase al magistrado el pasado 3 de agosto que había intervenido como intermediario en la operación de compra de las armas a petición del ex director general de la Seguridad Julián Sancristóbal y del propio lvárez, con quien les unía una relación de amistad.

Al día siguiente, Sancristóbal confirmó la versión de Paesa y reconoció ante el juez Garzón haber dado la orden de adquirir para el Ministerio del Interior dichas pistolas.

El ex diplomático explicó al magistrado que la compra de estas armas, un total de 100, fue realizada en febrero de 1986 a través de un intermediario de Viena y señaló que era una operación "perfectamente legal" y "absolutamente oficial".

Aseguró, asimismo, desconocer quedichas armas iban a ser utilizadas como señuelo contra ETA, aunque posteriormente se enteró de que la operación fracasó debido a un fallo de vigilancia de la policía francesa, que también intervenía en la misma.

Este error permitió que parte de las pistolas fuesen a parar a manos de ETA, que utilizó algunas de ellas para perpetrar varios atentados, como el asesinato de la fiscal Carmen Tagle.

Las diligencias abiertas por este motivo fueron desglosadas por el juez Garzón del sumario 75/98, incoadotras la detención del etarra Josu Ternera, y mediante las mismas el magistrado pretende averiguar el paradero de las armas y cómo se apoderó de ellas ETA.