Alvarez declaró sobre este asunto durante cerca de dos horas en calidad de testigo, y en su comparecencia confirmó la versión dada anteriormente por el ex diplomático Francisco Paesa y por el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal.

Según explicó al término de la declaración de Alvarez su abogado, Manuel Murillo, el antiguo responsable de la lucha antiterrrista señaló que la adquisición de las pistolas se produjo después de la información facilitada por un confidente.

El confidente aseguró a los servicios de información de la policía española que un grupo terrorista estaba dispuesto a adquirir una partida de armas. Alvarez señaló en su declaración que entonces no estaba claro si dicha banda terrorista era un grupo fundamentalista, la organización Acción Directa o la misma ETA.

El ex mando de Interior señaló que con esa información y en colaboració con la policía francesa y agentes de la CIA, las autoridades españolas decidieron comprar las pistolas. De ello se encargó Francisco Paesa, que adquirió las armas a través de un intermediario amigo suyo en la fábrica Sig Saher de Viena, y después se trasladaron a España en avión.

ERROR DE LA POLICIA FRANCESA

Murillo señaló que una vez en España, las pistolas fueron cargadas en unos vehículos en los que fueron llevadas a Francia, en cuya frontera se entregaron a la policía de ese país.

El letrao agregó que en un principio los agentes de la CIA que participaban en la operación pretendían que el control de las pistolas se hiciera vía satélite, mediante un control instalado en el mecanismo de las pistolas. Sin embargo, la policía francesa aseguró que "su tecnología era magnífica", por lo que se hicieron cargo del control de las armas.

Las pistolas fueron entregadas por los policías franceses en la afueras de la localidad francesa de Toulon a un contacto, que resultó ser Jacques Esnal, terrorisa miembro de ETA que finalmente entregó las armas a la organización.

Sin embargo, el rastro de las pistolas se perdió cuatro horas después de que éstas fuesen entregadas, debido a que los franceses habían instalado el mecanismo de seguimiento en las cajas que contenían las armas, con lo que al abandonar los etarras las cajas fue imposible saber dónde se encontraban.

Murillo insistió en que "la pérdida de las pistolas se produjo únicamente por un fallo operativo de la policía francesa" y añadió qu unas cuatro horas después de haber perdido el rastro de las armas, las autoridades galas comunicaron a los servivios de información españoles su desaparición.

Las pistola perdidas en esta operación, que según Murillo se produjo a finales de 1985 y a principios de 1986, sólo fueron utilizadas según el letrado por ETA, que mató con una de ellas a la fiscal Carmen Tagle en 1989.

El abogado de Alvarez añadió que no hay constancia de que hayan sido utilizadas por los GAL, aunque precisó que en su decaración Alvarez no ha podido concretar si alguien pudo sustraer alguna de esas pistolas durante su traslado a Francia.

DECLARACION DE PAESA

La declaración de hoy de Alvarez se produce después de que el ex diplomático Francisco Paesa dijese a Garzón el pasado 3 de agosto que había intervenido como intermediario en la operación de compra de las armas a petición del ex director general de la Seguridad Julián Sancristóbal y del propio Alvarez, con quien les unía una relación de amistad.

Al día siguente, Sancristóbal confirmó la versión de Paesa y reconoció ante el juez Garzón haber dado la orden de adquirir para el Ministerio del Interior dichas pistolas.

El ex diplomático explicó al magistrado que la compra de estas armas, un total de 100, fue realizada en febrero de 1986 a través de un intermediario de Viena y señaló que era una operación "perfectamente legal" y "absolutamente oficial".

Aseguró, asimismo, desconocer que dichas armas iban a ser utilizadas como señuelo contra ETA, aunque psteriormente se enteró de que la operación fracasó debido a un fallo de vigilancia de la policía francesa.

Las diligencias abiertas por este motivo fueron desglosadas por el juez Garzón del sumario 75/98, incoado tras la detención del etarra Josu Ternera, y mediante las mismas el magistrado pretende averiguar el paradero de las armas y cómo se apoderó de ellas ETA.