El magistrado ponente de la providencia, Manuel Serrano, ha fjado este límite de tiempo al presidente regional después de que Marco haya desatendido peticiones similares formuladas con anterioridad.

El jefe del Ejecutivo de Aragón acusó veladamente a Lanzuela, en el transcurso de un pleno en las Cortes regionales, de haber percibido comisiones de la Sociedad de Garantías Recíprocas Aragonesa de Avales (Araval). Marco mostró en el Parlamento un documento mecanografiado en el que basó sus acusaciones.

A las pocas fechas de la celebración del polémico pleno, antiago Lanzuela interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón una denuncia criminal por las acusaciones vertidas por José Marco.