EL TSJC entiende que "la base del procesamiento acota el marco acusatorio en el que ha de desarrollarse el juicio" y que "los hechos rechazados no fueron incluidos ni en éste ni en los posteriores autos de reforma y apelación confirmados".

El auto de procesamiento dictado por el magistrado César Tolosa reduce las acusaciones contra Juan Hormaechea y su antiguo equipo de Goberno a cinco hechos: la recalificación de unos terrenos en Santander, la contratación de una empresa para la colocación de carteles en diversos puntos de la región, la contratación de un estudio para la pavimentación de varios núcleos rurales, la contratación de varias encuestas y la publicación de remitidos en la prensa local.

Dos de los letrados que ejercen la acusación particular han interpuesto recurso de súplica, al estimar que "el auto de procesamiento no tiene más valor que un pronunciamiento frmal de imputación y el de constituir una incriminación clara contra una persona".

Las tres acusaciones particulares acusan a Hormaachea de retrasar deliberadamente la publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria" de anuncios y edictos procedentes de ayuntamientos gobernados por el PSOE, por lo que piden para el presidente cántabro una pena de 7 años de inhabilitación para cualquier cargo público.

Asimismo, culpan a Ricardo Conde Yagüe, ex consejero de Sanidad, de enviar varios comunicados de rensa utilizando fondos públicos y solicitan una pena para Conde Yagüe de un año y seis meses de prisión menor.

Aunque el Alto Tribunal cántabro aún no ha decidido las fechas en las que se celebrará el juicio contra Hormaecha, fuentes judiciales señalaron a Servimedia que la vista oral comenzará en la segunda quincena de octubre.