Así lo avanzaron fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en una reunión con medios de comunicación en la que recordaron que, en la actualidad, según datos referidos a 2020 del propio departamento de Ione Belarra, hay más de 750.000 familias en España con título en vigor de familia numerosa.

En este punto, señalaron que la “equiparación” de este tipo de familias se “suma” a las familias con dos hijos en las que un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos; y las familias con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión, que ya estaban siendo consideradas como "familias numerosas" además de aquellas con uno o dos ascendientes que cuenten con tres hijos o más, como estaba contemplado con la actual legislación.

Asimismo, subrayaron que las familias monoparentales o monomarentales serán consideradas como categoría 'Especial' cuando cuenten con dos o más hijos; con un hijo cuando sus ingresos anuales, divididos por el número de integrantes, no superen en cómputo anual el 150% del Iprem vigente, incluidas las pagas extraordinarias; con un hijo que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% o una incapacidad para trabajar o sea persona en situación de dependencia y aquellas en que el progenitor se encuentre en dicha situación.

Por su parte, entrarán dentro de la categoría general las que no se encuentren en ninguna de estas situaciones.

Respecto a las familias que ya estaban consideradas como numerosas, con la nueva ley tendrán reconocido título de familia numerosa “de categoría especial” aquellas con cuatro o más hijos y las de tres hijos de los cuales al menos dos procedan de uno o más partos, adopciones o acogimientos o guarda con fines de adopción múltiples y formarán parte de la categoría general las restantes unidades familiares.

No obstante, las unidades familiares con tres hijos se clasificarán en la categoría “especial” cuando los ingresos anuales de las mismas, divididos por el número de miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 150% del Iprem vigente, incluidas las pagas extraordinarias.

Además, cada hijo con discapacidad o con incapacidad para trabajar computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte, según las mismas fuentes.

PICA EN FLANDES

A este respecto, dichas fuentes defendieron que, con la nueva ley, cuyo texto será público “en los próximos días” y que contará con un presupuesto de en torno a 700 millones de euros por ejercicio, “se pone una pica en Flandes”, porque tendrán acceso a “un título acreditativo que no existe en nuestro país”, que, una vez que exista, permitirá “regular ayudas específicas para el colectivo”.

Con respecto al resto del texto, explicaron que tendrá una “prioridad alta” entre los “hitos” comprometidos por España con la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que, según dichas fuentes, “va a ser tratada igual que el resto de reformas importantes” a las que se ha comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras puntualizar que su aprobación depende “fundamentalmente” de los “tiempos parlamentarios” durante el “intenso” primer semestre del próximo año, en el que se prevé el inicio de la tramitación de “una cascada” de proyectos en el Congreso de los Diputados, reconocieron que en otro contexto “no habría preocupación” en cuanto a la posibilidad de sacarla adelante en esta legislatura.

“Aquí el Gobierno, como en el resto de normas que suponen cumplimiento de hitos europeos, intentará acelerar la vía parlamentaria”, advirtieron las mismas fuentes, que puntualizaron que su tramitación va por vía de urgencia y que permitirá “reforzar la protección social, la diversidad de modelos de convivencia y la trasposición de directivas para fomentar la conciliación”.

PERMISOS NO REMUNERADOS

Con respecto a los permisos retribuidos que establece la nueva ley, admitieron que el texto incluye “cuestiones que, quizá, no sean la mayor ilusión de la patronal”, pero que implican la trasposición de una directiva europea mediante un proceso en torno al que España “va justa” y subrayaron que, además, dicha directiva “es de obligado cumplimiento y hay que acatarla”.

En relación al permiso parental, que se aplicará de manera progresiva y será de ocho semanas en 2024, recordaron que no será remunerado y juzgaron “crucial” su definición, al entender que es “de las cuestiones más relevantes que quedan sobre la mesa”.

Asimismo, no estimaron “previsible” que “se toque” la renta por crianza y no ven “factible” una renta universal, al tiempo que se mostraron “muy satisfechas” con la “casi universalidad conseguida de 0 a 3 años”.

En relación a la atención temprana, también consideraron que la nueva ley “da un paso titánico, enorme”, como es contemplar el derecho subjetivo a la misma, de modo que los ciudadanos “podrán recurrir a los tribunales cuando ese derecho no quede amparado por su comunidad autónoma”, administración competente en la regulación de ese derecho.

En este sentido, si bien admitieron que “muchas” regiones tienen “regulado y avanzado” el sistema de atención temprana, aún existen “agujeros muy relevantes” en este ámbito.

En cuanto a la creación de un registro estatal de parejas de hecho para “amparar” sus derechos, las mismas fuentes puntualizaron que “tardará dos años” y recordaron que con él se equipararán los derechos de estas personas con relación a los permisos de cuidados de los que disfrutan las parejas casadas.

Con relación a las familias con algún miembro con discapacidad, se mostraron “razonablemente satisfechos” con la “agenda de discapacidad” del Ejecutivo que ha permitido dar “pasos importantes” y defendieron que con la nueva ley “se refuerza la protección a familias con miembros con discapacidad”.