Son datos publicados este martes por el Observatorio del Alquiler, creado por la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos un año de la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Los precios, por el contrario, no dejan de escalar “como consecuencia de ese desajuste entre una oferta menguante y una demanda cada vez más alta”. De acuerdo con el Observatorio, en 2023 el precio medio de alquilar una vivienda en España subió unos 100 euros frente al año anterior, hasta situarse en los 1.002 euros. Para este próximo año se espera que sigan subiendo, puesto que a principios de 2024 ya alcanzaban los 1.069 euros.

La Ley de Vivienda nació con la vocación de “reforzar el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna y adecuada” y, para ello, introdujo una serie de cambios en la legislación. Un año después de su entrada en vigor, Alquiler Seguro recoge en un informe todos los “efectos negativos” que estas medidas han tenido sobre el mercado.

En primer lugar, la declaración de zonas tensionadas ha generado “escepticismo y rechazo” por parte de las comunidades autónomas, salvo Cataluña. La gran mayoría de comunidades autónomas consideran la declaración de zonas tensionadas “una medida ineficaz e intervencionista”, como ya advirtió Alquiler Seguro.

Asimismo, la nueva definición y división de los propietarios como pequeños o grandes tenedores contribuye a “empeorar y estigmatizar la imagen de los propietarios frente a la sociedad, que son, en definitiva, quienes generan la oferta”. Por su parte, los límites en la actualización de rentas “han reducido el poder adquisitivo de los propietarios, aumentando la desconfianza y la incertidumbre”.

Además, la política de regulación de precios y el índice de precios del Ministerio de Vivienda han contribuido a “destruir oferta y han empujado a muchos propietarios a buscar alternativas al alquiler tradicional, como el temporal o el turístico”. Asimismo, la ley ha contribuido a “precarizar el sector, perjudicando la profesionalización del alquiler. Los cambios introducidos han terminado perjudicado directamente a muchos inquilinos, dificultando su acceso a un alquiler residencial”.

Alquiler Seguro señaló también que las medidas para proteger a los inquilinos frente a posibles desahucios han generado “preocupación entre los propietarios ante posibles impagos y ha endurecido los requisitos para acceder a un alquiler”.

Por último, apuntó que las medidas fiscales “no acompañan el estímulo de la oferta”, ya que el régimen general de deducciones para propietarios pasó del 60% al 50%. Por otra parte, los beneficios fiscales en zonas tensionadas para los arrendadores que accedan a bajar los precios un 5% “generan inseguridad, puesto que puede suponer incluso una pérdida de rentabilidad”.