Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para explicar lo sucedido en esa marcha con el ministro de Defensa, José Bono, y los actos posteriores, el titular de Interior señaló que las Fuerzas de Seguridad han actuado en este caso "sin interferencia alguna".

Alonso añadió que "mucho menos" dio órdenes a las Fuerzas de Seguridad para que imputara o dejara de imputar un delito a los dos militantes del PP que aparecían junto al ministro José Bono cuando fue increpado e insultado al incorporarse a la marcha convocada el 22 de enero por la AVT.

Según el ministro, de la información que le ha facilitado la Policía y el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, se deduce que había "motivos racionales y suficientes" para interrogar a los militantes populares, puesto que podían haber participado en una presunta comisión de los delitos de amenazas y atentados.

A este respecto, Alonso se refirió a que, según las diligencias, fueron los miembros del PP los que se pusieron en contacto con las Fuerzas de Seguridad, que ya los había identificado al escuchar en la radio a un dirigente del PP de las Las Rozas que reconoció a sus compañeros.

El titular de Interior también aludió a que en el informe que le ha facilitado el delegado del Gobierno, éste niega haber dado ninguna instrucción en relación con los arrestos ni con los atestados policiales, ya que de todo esto fue responsable la Comisaría General de Información.

Asimismo, el ministro mencionó que otro informe que le ha enviado el director general de la Policía, Víctor García, niega ninguna intencionalidad en el hecho de que en la investigación policial sobre los hechos hubiera tres instructores, aunque el primero y el tercero fueran los mismos. Algunas informaciones periodísticas han atribuido este hecho a que el primer instructor no encontró ningún delito y se negaba a detener a los militantes del PP.

RESPONSABILIDADES

Estas explicaciones fueron consideradas insuficientes por el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, quien anunció que el hecho de que el ministro no hubiese aclarado lo sucedido, pedido disculpas o asumido responsabilidades llevará a los populares a pedir, como primer paso, el envío al Congreso de las diligencias policiales.

Zaplana criticó que el titular de Interior no hubiese mencionado en su exposición el hecho de que en la investigación policial se cambió varias veces de instructor, después de que el primer agente que asumió el caso concluyese que no se agredió a Bono y que no había ningún delito en lo sucedido.

Esta circunstancia llevó al portavoz popular a asegurar que en este caso "se ha perseguido a ciudadanos por tener un compromiso político", y que con este episodio desde PSOE "se ha cruzado una línea" en cuando a la "criminalización" del primer partido partido de la oposición.

Por su parte, en nombre del PSOE, Angel Martínez Sanjuán, acusó al PP de "haber calentado los ánimos" de cara a la manifestación del 22 de enero, en referencia a la carta escrita por uno de sus dirigentes en Madrid en la que animaba a participar en la marcha.

A su vez, los representantes de PNV y ERC, Emilio Olabarría y Agustín Cerdá, respectivamente, rechazaron las quejas del PP y emplazaron al ministro a investigar la expansión de la ultraderecha que consideran que se está produciendo.

A este respecto, Olabarría hizo mención a los grupos que, según sus datos, insultaron al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, cuando vino a entregar el "plan Ibarretxe" al Congreso, mientras que Cerdá aludió a las pintadas que vienen apareciendo en sedes de su partido en Valencia.

En nombre de CiU, Josep Maldonado pidió acabar con este asunto, que calificó de "vodevil", y se refirió a que en este caso ha habido un "cúmulo de despropósitos", desde que Bono se incorporase a la manifestación sin avisar. a que se haya hecho una instrumentalización de las víctimas del terrorismo.