En declaraciones a Radio Nacional, Alonso admitió que la justicia ha mejorado mucho en los últimos vinte años en aspectos relativos al sistema de garantías, pero señaló que España "se encuentra todavía por debajo" en materia de eficacia.

"Eso es lo que hay que mejorar y creo que es el reto del futuro", dijo. "No podemos seguir administrando una justicia en tiempo tan irracional como a veces se administra".

El portavoz de Jueces para la Democracia puso de relieve la "extraordinaria desigualdad" existente en la justicia, que se hace patente en la situación de los juzgados de instrucción de primer instancia de los pueblos con respecto a los de las capitales de provincia.

También se refirió a la cuestión de la independencia del poder judicial para señalar que no sólo es necesario que los jueces sean independientes del Gobierno o del Parlamento, sino que lo sean igualmente de los poderes económicos, financieros o mediáticos.

Alonso lamentó que en la enseñanza básica española no se estudie a niveles elementales y con rigor la Constitución o la estructura de un proceso judicial, ya que eso pemitiría un mejor control de la justicia por parte del ciudadano y por tanto una mayor capacidad para demandar que funcione bien.

Sobre una posible intromisión de la justicia en la política y viceversa, indicó que "un poder judicial en un sistema democrático existe de verdad cuando tiene capacidad para enjuiciar a titulares del poder político o del poder económico en un momento dado".

CAMARAS EN LA VIA PUBLICA

Respecto a la Ley de Videovigilancia para combatir la violencia callejera, que ayer mimo entró en vigor, el portavoz de JpD le dio un "voto de confianza", aunque mostró su escepticismo sobre algunos aspectos de la misma, como el hecho de tener que esperar 30 días para destruir las grabaciones.

"Yo propugnaría como mecanismo de garantía la destrucción inmediata de todo lo que se registre en los vídeos de la policía y que no tenga nada que ver con actividades ilícitas", subrayó.

Alonso argumentó que un ciudadano ejerce en la calle determinados derechos y libertades que son muy caracerísticos de la persona y "a mí no me apetecería que determinadas situaciones sean almacenadas, aunque sea en un plazo de treinta días, por el poder público ni por ningún tipo de poder".

Asimismo, expresó sus dudas sobre la eficacia del sistema. "El problema", explicó, "es que las videocámaras se pueden poner en lugares estratégicos, pero en definitiva lo que hacen es desplazar los focos de delincuencia o de actividades ilícitas de un lugar a otro".

"Y finalmente", concluyó, "sí llamo decididamene la atención sobre el peligro de generalizar el uso de las videocámaras en la vía pública. Porque a ver si al final nos vamos a encontrar con un mundo como el que describía Orwell en la novela '1984', en el que toda actividad del ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, está registrada, lo cual sería una presión intolerable sobre los derechos y las libertades".