La portavoz de Interior del PP, Alicia Sánchez Camacho, aprovechó la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para preguntar a Alonso por la reaparición del GRAPO después de un asesinato en Zaragoza y de la detención de Israel Torralba, presunto miembro de la banda terrorista.

En su respuesta, Alonso dejó claro que nunca ha dado por desaparecida a la banda y no lo hará hasta que todos sus integrantes hayan quedado "a buen recaudo". Mientras, aseguró, sus miembros seguirán siendo buscados para ser detenidos y juzgados.

Sánchez Camacho acusó al ministro de suministrar información "confusa y contradictoria" sobre la actividad de esta banda y puso como ejemplo la respuesta que dio el Gobierno a una pregunta escrita del PP sobre las denuncias de extorsiones a empresarios asturianos en 2005.

El Gobierno aseguró que no tenía constancia de esas extorsiones y de ello la diputada popular dedujo que, o se lo inventan los empresarios, o el Gobierno intenta "silenciar" la actividad del GRAPO.

Sánchez Camacho rechazó que lo ocurrido en Zaragoza sea un mero acto de delincuencia común y sentenció que se trató de un atentado terrorista. "No confundan, y no mientan", dijo al ministro.

Alonso reprochó a la diputada del PP que siempre acusa a todo el Ministerio de mentir "y no es así". Recordó el ministro que fue el Gobierno del PP quien acuñó la expresión "carácter residual" para referirse al GRAPO pese a que aún había un número "no desdeñable" de sus integrantes buscados por graves crímenes.

El pasado mes de enero llegó al Congreso de los Diputados una respuesta escrita del Gobierno en la que aseguraba que el Ministerio de Interior no tenía constancia de la disolución del GRAPO.

"Las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra los entramados político y operativo-terrorista GRAPO no permiten asegurar que se haya producido una disolución efectiva de dicha organización terrorista", decía entonces el Ejecutivo.

Explicaba que en mayo de 1998 se tuvo conocimiento de una campaña de extorsiones dirigida a empresarios de diversas provincias españolas mediante el envío de cartas que llegaron, al menos, a siete empresarios de Asturias.

Pese a que en el año 2002 un empresario asturiano manifestó que había sido extorsionado por miembros de los GRAPO, el Gobierno aseguraba en enero que no había constancia de ello con posterioridad a mayo de 1998.