Almunia, tras señalar que había argumentos "consistentes" en favor de las dos opciones, puntualiza que "yo me encontraba entonces entrequienes hubiésemos visto más razonable adoptar una decisión a favor de la intervención, sin perjuicio de que, en una segunda fase, se hubiese llegado a la expropiación si las circunstancias lo aconsejaban".

A su juicio, "la intervención no implicaba que se incorporasen al patrimonio del Estado una larga lista de empresas que en pocos años hubo que sanear y vender con un coste elevado para los contribuyentes".

No obstante, admite que "también había, sin duda, argumentos sólidos en sentido contrari. La situación caótica de la mayoría de los bancos de Rumasa podía contaminar un sistema financiero aún no recuperado de la crisis desatada en los años setenta. Por si hacía falta algún recordatorio, ahí estaba el caso de Banca Catalana, que había estallado coincidiendo con nuetra llegada al Gobierno. En todo caso, el Tribunal Constitucional confirmó que habíamos actuado conforme a la legalidad".

Según Almunia, "la mala situación económica de ese conglomerado era un secreto a voces", pero "la gota quecolmó el vaso, y que nos obligó a actuar de forma expeditiva, fue la negativa de Ruiz Mateos a cumplir las órdenes del Ministerio de Economía para que aplicase con urgencia algunas medidas exigidas por la auditoría que había realizado Arthur Andersen".