Almunia resaltó que el sector de discapitados requiere de la solidaridad de los ciudadanos, a través de la acción pública, no sólo del Gobierno de la nación, sino también del Parlamento, las comunidades autonómas y los ayuntamientos.

En este sentido, señaló que "si no hay un impulso político, un compromiso político y un liderazgo político desde el Gobierno y desde el Parlamento, todos los buenos deseos para favorecer a los discapacitados no se podrán hacer o se harán de forma inconexa, dscoordinada y perdiendo por el camino mucha eficacia en los resultados de lo que se pretende".

Recordó que en 1982, cuando aún gobernaba la UCD, y a iniciativa del diputado de CiU Ramon Trías Fargas, todos los grupos parlamentarios consensuaron la ley de integración social de los minusváidos, "que ha sido la Constitución para el sector de los discapacitados", para desarrollar medidas, actuaciones y apoyos a este sector, pero que "probablemente ha dado de sí ya lo que podía dar".

Agregó que se hanhecho muchas cosas, en primer lugar por las asociaciones y desde la legislación, pero aún hay muchos retos pendientes.

"Hay retos", dijo en rueda de prensa, "que tienen que ver con la consideración que merece una persona que no disfruta de todas sus capacidades, pero que es tan persona como cualquiera de nosotros; hay muchas cosas que hacer para conseguir la inserción de esas personas en una vida social y laboral activa; hay que seguir mejorando el sistema de apoyo económico, de prestación o de incentvos para la contratación de personas con discapacidad o para ayudar al funcionamiento de centros especiales de empleo, y hay que suprimir barreras físicas y barreras sensoriales".

NUEVO IMPULSO

Almunia explicó a los representantes del CERMI que todo ello necesita un nuevo impulso, similar al del 82, por parte de todas las fuerzas políticas y fundamentalmente del Gobierno.

"Yo, a partir de las elecciones, si soy presidente del Gobierno", agregó, "lo impulsaré convencido de que ése es uno de los lementos más urgentes y más prioritarios para luchar por la igualdad entre las personas y por la dignidad de las personas: el priorizar la supresión de barreras y la búsqueda de mecanismos que, de verdad, integren y garanticen los derechos como ciudadanos a quienes no tienen pleno disfrute y posesión de todas sus capacidades".

El CERMI, según explicó su presidente, Alberto Arbide, agrupa a las principales confederaciones y federaciones de personas con discapacidad y representa a unos dos millones y meio de personas.