El juez togado militar encargado del caso, que ayer dictó el auto de procesamiento, entiende que los cuatro militares pueden haber incurrido en un presunto delito de "maltrato de obra a inferior", recogido en el artículo 104 del Código Penal Militar.

Asimismo, el general jefe de Baleares ha decidido abrir un expediente y suspenderles tres mesesde sus puestos por falta grave al citado alferez y a cinco cabos primeros, por excederse en el ejercicio del mando.

También ha sido sancionado con arresto domiciliario de ocho días el teniente de la compañía al que los jóvenes aseguran haber trasladado su malestar por los malos tratos recibidos antes de fugarse. Según explicó Julián Arévalo, el teniente ha sido castigado "por no mantener la debida preocupación por sus subordinados".

Junto a estas sanciones se suman las ya conocidas de 30 días de rresto para los 18 "boinas verdes" por la falta grave de "hacer reclamaciones contrarias a la disciplina con carácter colectivo".

El secretario de Estado de Administración Militar, que compareció en la Comisión de Defensa para informar sobre la investigación abierta, se congratuló por el "rigor y diligencia" con que han actuado las autoridades militares y judiciales de la región de Baleares.

Remarcó con insistencia que estos hechos tienen un carácter aislado y que también suceden en las fuerzas amadas de países vecinos, aunque garantizó que el Gobierno los perseguirá "con todo rigor".

Sí fue significativa la alusión que hizo a la escasa disposición que, a su modo de ver, tenían los 18 soldados para formar parte de una unidad de las características de los Cuerpos de Operaciones Especiales (COE).

"La guerra es una situación límite que tiene poco que ver con cualquier juego de salón: requiere una prepación excepcional a la que no todos los soldados pueden adaptarse. Cabe dudar de que los 18soldados pudieran adaptarse a esa situación".

"CALDO DE CULTIVO"

Durante la sesión, tanto el Partido Popular como Izquierda Unida cuestionaron la falta de "firmeza" del Gobierno para impedir que hechos como estos ocurran en los cuarteles españoles.

"El Gobierno ha dejado que exista un caldo de cultivo para este tipo de situaciones", afirmó el portavoz del PP, Luis Eduardo Cortés, quien acusó al Ejecutivo de haber pecado de omisión en este caso por no haber prestado la atención adecuada a la conlictividad especial de este cuartel, en el que ya se había producido antes un caso de deserción.

Antonio Romero, de IU, manifestó que los hechos ocurridos en Palma de Mallorca son "muy graves" y revelan que el Gobierno tiene algunas "asignaturas pendientes" en materia de defensa. "Aunque ya no hay un problema generalizado de malos tratos en las Fuerzas Armadas, sí es cierto que la Constitución se resiste a entrar en algunos cuarteles", afirmó Romero.

El secretario de Estado anunció que el Ministeio de Defensa está elaborando estos días un reglamento del servicio militar que quiere que sea "una pieza importante en la modernización" de este servicio.

Durante la sesión se suscitó un debate entre el representante del Gobierno y la oposición sobre si las Fuerzas Armadas deben tener un carácter profesional puro o deben seguir estando integradas por efectivos voluntarios y profesionales.

Arévalo fue tajante al señalar que la situación demográfica española, a la vista de la excepcional caída de a natalidad registrada, "no permitirá en muchos años ningún Ejército profesional puro".

Dijo que según las cifras que maneja el Ejecutivo, de los 344.000 jóvenes varones con 19 años que habrá en España en 1995 se bajará a 240.000 en el año 2003. "Metafísicamente, es imposible con esta dotación prever una oferta suficiente de efectivos para un modelo de Ejército profesional puro".