Con esta amenaza, los importadores alemanes dan un ultimátum a los exportadores españoles para que paguen el canon obligatorio por la destrucción o reciclaje de los embalajes del producto, según han denunciado fuentes del secor citrícola valenciano.

El conflicto entre los comerciantes hortofrutícolas españoles y los importadores alemanes surge a raíz de la Ley Topfer, relativa al tratamiento de los envases y que entró en vigor en Alemania el 1 de diciembre de 1992.

Esta ley, que pretende dar respuesta a las inquietudes medioambientales de los ciudadanos alemanes, prohíbe la destrucción indiscriminada de los embalajes, al tiempo que establece una serie de normas para hacer desaparecer o reciclar los envases de un modoracional y reglamentado.

Sin embargo, la Ley Topfer no determina quién debe ser el encargado de hacer frente a los costes derivados de estas operaciones.

Actualmente existe en Alemania un consorcio denominado Dual System, formado al amparo de la citada ley, encargado de recoger los desechos de los comercios o de los domicilios para proceder a su eliminación ordenada y sin deteriorar el medio ambiente. Los importadores alemanes pretenden que los comerciantes españoles paguen el servicio de este cosorcio, a lo que se han negado éstos por considerarlo un atropello.

Las asociaciones profesionales españolas de comerciantes, como Fepex o Intercitrus, han recomendado a sus asociados que no paguen el canon del Dual System y se mantengan firmes ante las presiones de los alemanes.

Los exportadores españoles ya se han dirigido a la Administración para solicitar su mediación en el conflicto, pero, según aseguraron, por el momento sólo han recibido por parte de las autoridades españolas respuestas tiias e incluso la insinuación de que asuman ese gasto y lo incluyan en la lista de desembolsos que acarrea la exportación.

No obstante, los comerciantes hortofrutícolas no dan la batalla por perdida y preparan nuevas acciones de respuesta ante la exigencia alemana.