Alejandro Sanz y Sofía Mazagatos figuraron entre un grupo de personas que, a cambio de una elevada cantidad de dinero (entre 50.000 y 400.000 pesetas), conseguieron el carné de conducir a través de una autoescuela ubicada en Gibraltar, sin realizar las pruebas que establece la vigente normativa de tráfico.

El juez que investigó el cas, Javier Gómez de Liaño, destapó un especie de red de "procuradores de carnés", con base en Gibraltar, que ha distribuído más de medio millar de documentos por España.

La Audiencia Nacional rechaza la petición de los afectados de que les sean devueltos sus carnés de conducir. Argumenta que la asusencia de responsabilidad penal no exime de la administrativa, por lo que deberá ser la Administración quien decida si remite las licencias a sus respectivos dueños.

Es decir, según la Audiencia Nacional,deberán ser las autoridades administrativas quienes decidan si los implicados pueden continuar conduciendo con unos carnés que obtuvieron sin realizar los obligatorios exámenes que para eso impone la Dirección General de Tráfico o por el contrario, los sanciona.

Por otra parte, la Audiencia Nacional asegura que los titulares de dichos carnés no han cometido delito. En este sentido, y basándose en el Código Penal, explica que "cuando la comisión de la conducta fuera realizada meramente por un particula, no funcionario público, sería una conducta no punible".

Además, la Audiencia Nacional ordena el archivo provisional de las actuaciones judiciales, ya que la ley prevé esta medida para aquellos casos en los que "se aprecia que los hechos no son constitutivos de delito".

Sin embargo, rechaza archivar definitivamente las actuaciones y sobreseer el caso, puesto que no se pude descartar que en la expedición de los mencionados carnés "hayan podido participar funcionarios públicos extranjeros con algú grado de culpabilidad en la comisión de la antedicha conducta falsaria".