Infancia

Aldeas Infantiles SOS denuncia que aumentan un 5,5% los niños en acogimiento residencial

Madrid
SERVIMEDIA

Más de 51.200 menores de edad se encontraban en acogimiento en España en 2022, un 6% más que en 2021. Este incremento se debe al crecimiento del número de niños y adolescentes en acogimiento residencial, que ha aumentado un 5,5%, y al de los casos que se encuentran en estudio y tienen una medida de apoyo previa a dictarse la medida protectora más adecuada.

Así lo puso de manifiesto este martes Aldeas Infantiles SOS en un comunicado en el que, recogiendo datos del Ministerio de Derechos Sociales, expuso que el número de niños en el sistema de protección pasó de 48.357 a 51.203 en 2022.

En ese sentido, la organización lamentó la falta de datos estadísticos sobre los hermanos que crecen en acogimiento y de cuántos de ellos permanecen separados, lo que le sirvió para reclamar “más políticas preventivas que aborden las situaciones familiares de riesgo a tiempo de evitar la separación entre padres e hijos e hijas”.

Aldeas Infantiles SOS alertó de que el aumento de chavales situación de acogimiento se debe al incremento de los chavales en acogimiento residencial, que ha crecido un 5,5%, y al de los casos que se encuentran en estudio y tienen una medida de apoyo previa a dictarse la medida protectora más adecuada, que aumentó un 12%.

Esta situación se está produciendo a pesar de que la Ley del Menor establece que “ante la retirada de la tutela de un niño o niña de sus padres, la primera medida de cuidado alternativo recomendada es el acogimiento familiar y, si es posible, en familia extensa”.

A pesar de ello, el acogimiento familiar (52%) predomina sobre el residencial (48%). Según el tipo de familia que participa en el sistema de acogida, predominan las familias extensas (59%); mientras que predominan los acogimientos permanentes (61%).

ACOGIMIENTO FAMILIAR VS RESIDENCIAL

En el acogimiento familiar, el reparto por edad es más equitativo que en el residencial: un 18% de los chavales tienen entre cero y tres años; un 14% entre 4 y 6 años; un 23% entre 7 y 11 años; un 25% entre 12 y 14 años; y un 20% entre 15 y 17 años. También hay una distribución equitativa en cuanto al sexo en todos los tramos de edad.

En el caso del acogimiento residencial, las diferencias por sexo son más notables que en el acogimiento familiar, con un predominio de los chavales de sexo masculino (64%) en todos los grupos etarios. La mayor diferencia es la registrada en el grupo de 15 a 17 años, aunque las niñas en acogimiento residencial han aumentado en todos los grupos de edad en lo que parece ser una tendencia continuista.

El reparto por edad también es menos equitativo en el acogimiento residencial, como lo evidencia que un 6% son menores entre 0 y 6 años; un 11% entre siete y diez; un 25% entre 11 y 14; y un 58% entre 15 y 17.

La organización observó que la Ley del Menor fija que “todos los menores de tres años deberán acceder a un acogimiento familiar y que para aquellos menores de seis se priorizará también esta modalidad”. A pesar de ello, “557 niños y niñas de cero a tres años y 529 de cuatro a seis permanecieron en la modalidad de acogimiento residencial”.

Por su parte, Aldeas Infantiles SOS llamó la atención sobre la escasa incidencia de la reintegración de los chavales con sus familias biológicas, que es de un 11% en el caso de los acogimientos familiares y de un 15% en el de los residenciales.

MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

En el caso de los menores migrantes no acompañados, el 95% de ellos está bajo una medida de acogimiento residencial, representando el 33% del total de chavales en acogimiento residencial y únicamente el 2% de los acogimientos familiares.

Ante el incremento de los niños en el sistema de protección, la organización reclamó aumentar la inversión en las políticas de prevención para “apoyar y fortalecer a las familias vulnerables, evitando así la separación de padres e hijos”.

A su juicio, resulta “esencial” poner en marcha medidas que “permitan intervenir a tiempo y prevenir que las situaciones de riesgo se conviertan en caso de desamparo”, lo que “reduciría el número de niños y niñas bajo la tutela de las Administraciones Públicas, disminuiría el gasto público y evitaría a los niños el trauma de la separación familiar”.

(SERVIMEDIA)
11 Jun 2024
MST/gja