Según apuntó, más de 51.000 niños, niñas y adolescentes en España viven en espacios de los sistemas de protección de las comunidades autónomas.

Un total de 4.366 alcanzaron la mayoría de edad en el último año, prosiguió, lo que supone el cese inmediato de la medida de acogimiento y el inicio de su independencia, en “una etapa en la que carecen de redes familiares que les sirvan de apoyo”.

Esto “complica su integración social y laboral” y los sitúa “en desventaja con respecto al resto de jóvenes y contribuye a su distanciamiento del sistema educativo y del mercado laboral”, advirtió la organización.

Con motivo del Día Internacional de la Juventud que se celebra el 12 de agosto, Aldeas Infantiles SOS destacó que “no basta con alimentar, educar y proteger a la infancia en acogimiento, sino que se debe procurar su desarrollo integral con vistas a su plena integración en la sociedad”.

"El sistema de protección es garantista, pero necesita más compromiso con la infancia y con la juventud, puesto que en Europa nadie está preparado para ‘salir al mundo‘ a los 18 años; mucho menos los chicos y chicas que vienen de esta situación", afirmó el director de la Aldea de San Lorenzo de El Escorial, Mario Ramos.

Entre otros puntos, la organización reclamó que se tengan en cuenta la edad, el grado de madurez y las circunstancias particulares de cada joven en cada decisión, así como asegurar su participación en la toma de decisiones.

Pidió también que la salida del sistema de protección se realice de forma gradual y defendió que la preparación para la transición a la vida independiente de estos jóvenes comience como mínimo dos años antes de alcanzar la mayoría de edad.

Otra de sus propuestas pasa por asignar a cada joven, siempre que sea posible, un educador de referencia que le acompañe en su camino a la independencia; ofrecer oportunidades de educación y formación profesional, y asegurar su acceso a servicios sociales, jurídicos y de salud, así como a asistencia financiera adecuada.

Por último, Aldeas demandó homogeneizar las ayudas, los servicios y los apoyos que reciben los jóvenes tutelados en las distintas comunidades autónomas; formar y capacitar a todos los equipos que intervienen con la infancia en transición a la vida independiente; facilitar que los jóvenes con necesidades especiales opten a servicios de apoyo que les permitan evitar una institucionalización innecesaria al llegar a la mayoría de edad, y alentar a los sectores público y privado a contratar a estos jóvenes.