Lissavetzky, tras recordar que Alberto Ruiz-Gallardón, presidente regional, se comprometió a que el peso dela industria madrileña subiese un 3% dentro del Producto Interior de la región, señaló que "ahora debe mojarse" en defensa de los puestos de trabajo de esta empresa, que pretende dejar en la calle a más de 1.300 empleados.

Ambas formaciones pide a la CAM que "emita el preceptivo informe a los organismos oficiales pertinentes de forma desfavorable" ante la adopción, por parte de Alcatel, de medidas traumáticas (expedientes forzosos).

Con respecto a este tema, Lissavetzky mostró su preocupación porla situación del sector industrial en la región y afirmó que, desde junio de 1995 a mayo de 1996, se han producido 160 expedientes de regulación de empleo, que han afectado a más de 10.000 trabajadores.

Por otro lado, Pérez, de IU, afirmó que "esperamos una respuesta de Gallardón" y un pronunciamiento del PP de Madrid sobre la proposición no de ley que ambos grupos van a presntar "para que diga claramente qué piensa hacer en concreto" sobre la crisis de Alcatel.

Criticó que Ruiz-Gallardón base toa su política industrial "en el mercado y en la confianza en el Gobierno de los mejores" y dijo: "Algunos empresarios tienen tanta confianza en Gallardón que se marchan sin despedirse".

Con esta proposición, la oposición pretende que el presidente de la CAM no dé el visto bueno al expediente de regulación en Alcatel, al tiempo que insta al Consejo de Gobierno a que, en el marco de sus competencias, tome las medidas que correspondan con objeto de "garantizar la aplicación de los acuerdos a los que, preisiblemente, lleguen los agentes sociales".

Otro tema que preocupa al PSOE e IU es que no se produzca ninguna especulación con los terrenos de Alcatel en Torrejón y por eso llaman a los gobernantes regionales del PP a que estén alerta e impidan que ese hecho se pueda realizar.

En este sentido, la propuesta de la oposición pide al Gobierno regional que, "en uso de sus competencias en materia de política territorial y suelo, se oponga a cualquier iniciativa urbanística, por parte de la empresa, quedificulte o imposibilite el objetivo primordial de los acuerdos".