Los representantes sindicales ya han anunciado que recurrirán esta decisión adminitrativa que califican de "cacicada", al tiempo que acusan al ministerio de Javier Arenas de connivencia con la empresa y de haber actuado al dictado de ésta.

Para las centrales, la resolución permite el despido de 1.338 trabajadores entre 1996 y 1998, acompañado del cierre de los dos centros de trabajo en Arteixo (La Coruña) y Torrejón de Ardoz (Madrid), y no excluye un mecanismo de prejubilaciones y bajas voluntarias que, de no cumplir los objetivos anuales, puede ser completado por la dirección con espidos obligatorios.

En éstas condiciones, señalan los sindicatos, "hablar de voluntariedad es una burla", y añaden que "la aprobación de este expediente abierto para tres años, sin criterios de reducción de empleo ni listas de afectados, es una decisión insólita que deja a los trabajadores indefensos ante la empresa".

Ante esta situación, la representación sindical en Alcatel ha decidido interponer un recurso contra lo que consideran "más que una decisión administrativa una cacicada", al tiempoque muestran su temor por la medida adoptada por Trabajo, que se trata de la primera de estas cacterísticas en Alcatel, y constituye un "precedente peligroso de lo que pueden ser los nuevos modos de la Administración Laboral del Partido Popular".

Igualmente califican de "un acto de mala fe de la Administración y la propia empresa, forzar una resolución como ésta en un período vacacional de los trabajadores", y advierten que pese al impás, la plantilla hará valer su capacidad de rechazo y oposición el póximo mes de septiembre.