Los hechos por los que se condena a García Bravo se remontan al año 1983, cuando concedió una licencia de construcción sin autorización del Colegio de Arquitectos y con los informes técnicos municipales en contra.

Antes de 10 días se tendrá que hacer efectiva la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el alcalde tendrá que dejar su pueto en ese plazo.

Este es el segundo caso de condena por prevaricación de un cargo público en la isla de Lanzarote, ya que el ex alcalde de Teguise, Dimas Martín, también fue inhabilitado por la misma causa.

Ambos pertenecen al Partido de Independientes de Lanzarote, integrado en las Agrupaciones Independientes de Canarias, aunque cada uno lidera sendas estructuras paralelas y enfrentadas dentro del mismo partido.