La Comisión abordó la reforma de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que data de 1980, órgano regulador en materia de energía nuclear e instalaciones radiactivas.

Castelló pidió que el nuevo CSN sea realmente accesible y transparente para los ayuntamientos y subrayó que, "en estos momentos, lo único que nos da confianza a los pueblos con centrales es el CSN".

En definitiva, el presidente de AMAC dijo que el Consejo de Seguridad Nuclear no cumplirá con su papel "si no tenemos un marco de relación fluido, estable y creíble".

Por otro lado, el responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, criticó la relación "íntima" entre el CSN y la industria nuclear y aseguró que "el interlocutor del CSN es la industria nuclear".

"Es necesario un cambio de actitud del Consejo y su personal hacia el público. Tiene que tener vocación pública; no puede hacerse a espaldas de los ciudadanos", afirmó.