Los hechos juzgados se remontan al año 1988, cuando el edil ordenó el derribo de la vivienda de una vecina del lugar, Elena Camacho, basándose en un expediente de ruina. Según la Audiencia, está probado que dicho expediente fue elaborado por la aparejadora del municipio sin siquiera haber visitado la casa.

La compensación económica que se le dio a Caacho, que había presentado recurso ante la decisión del alcalde, fue calificada de "ridícula". Tanto la aparejadora como el alcalde han sido condenados a pagar además cuatro millones de pesetas en compensación por los perjuicios causados.

Graham ha anunciado que recurrirá dicha sentencia ante el Tribunal Supremo y que mientras tanto permanecerá en el cargo, ya que entiende que "no me he saltado ninguna norma".

Insiste en que dictó el expediente de expropiación forzoza y el derribo para evitar dañs mayores a la población, ya que, a su juicio, la casa podría haber causado daño debido a su mal estado de conservación y a la ruina inminente, opinión contraria a la expresada por un arquitecto que realizó un informe sobre la misma días antes de que fuese derribada.