Huerta negó haber firmado expediente alguno en relación con los hechos que se le impuntan en el auto de procesamiento de la Audiencia Provincial y anunció que en las próximas horas mantendrá una reunión con los concejales de su grupo, así como con miembros de su partido, para determinar las acciones a emprender.

El primer edil santanderino firmó que dimitirá si se demuestra en el juzgado su responsabilidad en los hechos, pero dejó claro que no es preciso esperar al juicio, ya que "si mi partido político pide mi dimisión, mañana dimito".

El auto tiene su origen en la denuncia presentada en 1990 por dos concejales de la derecha cántabra que en esos momentos se habían aliado junto a Juan Hormaechea en la Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA), tras la ruptura del presidente regional con el PP, y que dio origen a la moción de censura qu derribó el primer Gobierno Hormaechea.

Los ediles detectaron que la factura presentada por la empresa Talleres González, que había sido contratada para pintar unas barandillas en el recinto del Palacio de la Magdalena, estaba "inflada", puesto que pretendía cobrar 53 millones por una obra que los técnicos han valorado en 8 millones. La factura está firmada por el concejal del PP José Manuel Incera y un técnico municipal.

Después de la reconciliación del PP con Juan Hormaechea, que dio la alcaldí santanderina a Manuel Huerta, los concejales de la UPCA retiraron la denuncia. Sin embargo, un concejal socialista apeló a la Audiencia, que ahora dictamina la apertura del jucio oral.

Según se recoge en el auto, ninguna autoridad de las que han prestado declaración ante el juez instructor ha reconocido haber contratado la obra de pintado de barandillas, "por lo que cabe inferir que este asunto lo asumió personalmente el alcalde".

Asimismo, la Audiencia señala que "resulta clara la actitud obstrccionista del alcalde" por lo cual "ha de celebrarse el juicio y no cerrar en falso el caso sin garantías".