Díaz Montes pretende cumplir de este modo el compromiso electoral de IU de realizar una investigación sobre las cuentas del municipio. Esta iniciativa también tiene el respaldo de las restantes fuerzas políticas.

A través de un comunicado hecho público hoy, el alcalde consdera que "la grave crisis del Ayuntamiento" obliga a que la investigación del periodo 1987-1991 la realice una auditora externa, y no el Tribunal de Cuentas, ya que la fiscalización de este organismo "sólo se conocería varios años después, perdiendo vigencia y eficacia".

"Es innegable que se ha producido una nefasta gestión económica, que no ha existido el suficiente rigor y control en el gasto, llegando hasta el derroche, y que no se ha relizado con eficacia la ejecución de los ingresos", subraya el lcalde.

Díaz Montes recuerda que, desde la oposición, IU ya denunció esta situación y que los servicios económicos del ayuntamiento plantearon en octubre de 1990 la necesidad de tomar medidas de control y reducción del gasto.

En contra de seguir esta recomendación y por intereses electoralistas, agrega, el PSOE y los independientes aumentaron el gasto y aplazaron el cobro de impuestos.