Masa se refirió, en declaraciones a Servimedia, a la necesidad de que la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos afectados se pongan de acuerdo sobre el futuro de la Cañada, que, a su juicio, pasa inevitablemente por el realojo de las familias que allí viven y por combatir policialmente la actividad delictiva que se concentra en el lugar.

"La solución al problema pasa inicialmente por el realojo de la gente que, como excluidos sociales, malvive en infraviviendas en esa zona y sólo podría hacerse si hay un plan de realojos en toda la comunidad", dijo.

El plan debería contar además con la colaboración de los principales municipios de la región: "Supongamos que hay dos mil viviendas que levantar y hay veinte municipios que tienen más de cien mil habitantes, y que nos quedamos con 50 (viviendas) cada uno".

En segundo lugar, reiteró Masa, hay un problema policial, puesto que en la Cañada "se esconde tráfico de armas y de drogas de primer nivel, escondido detrás de los excluidos sociales que son utilizados como escudo".

Recordó que la Comunidad de Madrid es la titular del suelo de dominio público de la Cañada Real y, en principio, Esperanza Aguirre sería favorable a desafectar los terrenos, "pero yo le he dicho que primero hay que reubicar a sus vecinos y perseguir la delincuencia y una vez que la Cañada Real aparezca pura hablemos de desafectar. Ese es el proceso y no otro", concluyó.