El Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, remitió ayer un escrito al edil para que respondiera a las reiteradas peticiones de informe en relación con la queja plateada de oficio por la institución contra las citadas ordenanzas municipales.

Además, pedía que el consistorio murciano modificara estas ordenanzas, en las que se prohibe la mendicidad en el municipio y se autoriza a que la Policía Local incaute el dinero a los mendigos que se encuentren pidiendo en la calle.

Este dinero les es devuelto a los indigentes si se comprometen a acogerse a algún programa de reinserción de la Concejalía de Bienestar Social. Asimismo, las ordenanzas establecen la distribción entre los ciudadanos de unos bonos -canjeables por comida y estancia en un albergue- para que se los entreguen a los mendigos, en lugar de darles dinero de limosna.

El alcalde murciano, que ha anunciado que llevará el tema el pleno municipal en este mes de octubre para resolverlo de forma definitiva, destacó hoy que las actuaciones de la concejalía de Bienestar Social van dirigidas a paliar la carencia de recursos de los murcianos, a fin de que nadie tenga necesidad de pedir limosna en la calle. Cámara defendió que "ninguna persona que esté en Murcia y que tenga necesidad de alojamiento, comida, ropa o atención médica se queda sin que esas necesidades estén cubiertas". "Nadie tiene que salir a la calle para tener que pedir dinero para poder subsistir, ya que hay recursos suficientes para evitarlo", agregó.