Riñones se ha convertido en el primer alcalde de una localidad española denunciado por un presunto delito de prevaricación ambiental, fundamentado en la supuesta ausencia de decisiones para eliminar el "botellón", resultado de la querella que le interpusieron Ramón Servate y Silvia Hernández, un matrimonio que vive en las inmediaciones de la zona afectada.

En declaraciones a Servimedia, tras prestar hoy declaración ante el juez que instruye la causa en Béjar, Riñones dijo que él también es vecino afectado: "Yo vivo a 200 metros y a mí también me molesta a veces, pero es algo que la sociedad no sé si nos lo hemos buscado, pero sí que tenemos que soportar".

El primer edil trasladó al juez que, en cuanto a medidas contra este fenómeno en la localidad, "de inactividad por parte del Ayuntamiento, nunca".

Bien al contrario, explicó que Béjar es la primera ciudad de España que ha suscritos sendos convenios con la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local para prevenir y controlar el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores.

"Hay controles", enfatizó, "pero no son los menores de edad los que aportan bebidas alcohólicas; la picaresca existe y son los mayores los que las adquieren y luego se las beben todos juntos".

Destacó así mismo que el municipio ha invertido 180.000 euros en construir un centro de ocio en las antiguas naves de Renfe, "con boleras, ordenadores y cinco monitores especialistas en tiempo libre y ocio para los chavales".

A su juicio, aunque él se ha convertido en el primer alcalde denunciado por vecinos por este motivo, "todos los alcaldes de España lamentamos tener un botellón. ¿Qué más quisiéramos nosotros. Éste es un tema de todos, de la sociedad, de padres, profesores, alumnos y de la policía", arguyó.

"No dudo", agregó, "que muchísimos alcaldes de España sigan con inquietud este caso, que espero que sea archivado. Además, los alcaldes en esto tenemos muy pocas competencias", concluyó.