Ruiz de Azúa declararó hoy en los Juzgados de Paz de Arrigorriaga por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien le citó a través de un exhorto después de que la asociación Dignidad y Justicia se querellase contra el edil al acusarle de un delito de menosprecio a las víctimas del terrorismo por mantener la plaza dedicada a "Argala".

En concreto, el etarra Beñarán está relacionado con varios secuestros de la organización terrorista y estuvo al frente del comando que atentó en Madrid contra el general Carrero Blanco. En 1979, fue asesinado con un coche bomba en un atentado revindicado por el Batallón Vasco Español.

En primer lugar, el alcalde del PNV aseguró no saber que el terrorista "Argala" pertenecía a ETA y dijo que no le consta que fuera condenado por integración en banda terrorista.

Además, apuntó que, cuando Argala murió, el tenía sólo 18 años y explicó que se dedicó al etarra una plaza de la localidad como un intento, tras la muerte de Franco, de "olvidar el pasado", y retirar los nombres que hacían referencia a generales de la dictadura.

En concreto, se puso el nombre de "Argala" a la que durante la dictadura se denominó "plaza de España" -donde precisamente se encuentra el Consistorio- en el marco de un acuerdo del pleno que también modificó la denominación de otras díez vías. Por ejemplo, la calle General Moscardó tomó el nombre de Juan Garaigorta, antiguo párroco de Arrigorriaga.

En este sentido, Ruiz de Azúa explicó que, a su entender, la voluntad del pleno no era rendir homenaje al terorrista, sino "recordar como víctima a un vecino del pueblo muerto en un atentado"

El alcalde concedió que, en un "ámbito de reconciliación", quiza "se debieran modificar el nombre de las calles o plazas que puedan atentar contra la dignidad de las víctimas" y apuntó la posibilidad de de debería cambiar la plaza de Argala por la plaza "de todas las víctimas".

Aunque, en este sentido, puntualizó que cuando habla de víctimas se refiere a "absolutanmente todas, tanto por un lado como por otro".

Dentro de este concepto de víctima, Ruiz de Azúa dijo incluir a Argala, ya que explicó que fue asesinado en diciembre de 1978 cuando les estalló una bomba lapa colocada en los bajos de su vehículo, "un atentado reivindicado por el Batallón Vasco Español"

Por último, se defendió diciendo que la potestad para retirar el nombre de las vías públicas es del pleno del ayuntamiento y no del alcalde.