La ordenanza establece que en las denominadas "zonas sensibles" (centros educativos, sanitarios y de mayores, entre otros), el criterio para autorizar o desestimar la instalación de infraestructuras radioeléctricas estará limitada por la potencia.

Además, las operadoras estarán obligadas a instalar unos sensores que midan continuamente la potencia que irradia la antena. Esta monitorización será controlada por el ayuntamiento y la potencia no podrá superar el límite establecido por el Ministerio de Industria.

Las operadoras de telefonía móvil tendrán un plazo de un año para regularizar todas las instalaciones con las que cuentan en la ciudad. Para ello, deberán presentar lo que la ordenanza denomina "Plan de Implantación", en el que quedará constatada la ubicación de las antenas ya instaladas y de aquéllas previstas en el futuro.

La nueva norma establece también que el ayuntamiento deberá contar con un mapa de radiofrecuencias electromagnéticas en la ciudad, que estará finalizado antes del verano.

La ordenanza fija un régimen sancionador para aquellas situaciones en las que se vulnere la norma municipal, con sanciones que oscilan entre los 600 euros para las infracciones leves y los tres millones de euros para las muy graves, como la instalación de infraestructuras radioeléctricas sin las correspondientes licencias.