En total el Estado ha desembolsado 1.830 millones a los allegados de los 82 muerto y a los 28 heridos en el siniestro, en cumplimiento de sentencia firme del Tribunal Supremo, de julio de 1995, que declaraba la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Hoy, el Ejecutivo ha remitido a las Cortes, para su tramitación parlamentaria, un proyecto de ley de crédito extraordinario por el importe de las indemnizaciones.