Así lo reclamó Albert Rivera durante un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que Andrés Allamand fue presentado por el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, que recordó que el 24 y 25 de marzo de 2023 se celebrará la próxima Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, bajo el título de ‘Recuperación con reestructuración, juntos hacia una Iberoamérica justa y sostenible”.

Rivera aseveró que “uno de los principales escollos que nos encontramos muchas veces acompañando a inversores europeos y españoles en Latinoamérica, aparte de los problemas políticos institucionales, es la seguridad jurídica”. Por ello, instó al secretario general Iberoamericano a introducir entre los objetivos de la citada cumbre, la búsqueda de “una armonización, un encuentro, una mejora en la seguridad jurídica”.

En la misma línea, añadió Rivera, “muchos de los que estamos aquí por motivos distintos, en la vida pública o de acompañamiento, asesorando a empresarios, (sabemos que) hay voluntad de invertir en Latinoamérica, lo que no hay seguridad jurídica suficiente”. Una seguridad jurídica, dijo, “para que tus inversiones, tus activos, tus concesiones, tengan garantías en algunos países”.

En su respuesta, Andrés Allamand afirmó que se trata de “uno de los temas en los que se tiene que poner atención”, pero defendió que “hay conciencia en la región de que, para tener un flujo significativo de inversiones, se requiere una mucho mayor certeza jurídica”.

“Este no es un animal que esté desfilando al frente y que nadie lo esté viendo”, recalcó Allamand, y señaló que “los mecanismos que hay que fortalecer” pasan primero “por la independencia judicial, la certeza jurídica en algún punto, en alguna instancia”, que se mide “en la realidad cuando existe alguien que siente que sus derechos están siendo afectados precisamente por cambios regulatorios incorrectos o por medidas arbitrarias de la autoridad”.

La segunda cuestión, “es un poco más sutil, pero tiene que ver con los marcos regulatorios que los países se dan”, ya que “si los marcos regulatorios no son parte del consenso político de los países, entonces son frágiles”.