Los representantes del Banco de España, Juan José Dolado, y del Comité de Bancos Centrales de la CE, José Viñals, ambos expertos en política monetaria, señalaron en su intervención que cualquier medida para sujetar la inflación implica "la reducción decidida del déficit público y la introducción de reformas estructurales en los mercados de bienes y de trabajo".

Por su parte, el economista José Luis Raymond advirtió del riesgo de que no se tomen estas medidas con l urgencia que requiere la situación económica actual, ya que una convergencia por la vía forzosa (desaparición de las empresas que se quedan fuera del mercado) conllevará unos costes mayores que si se pactan las reformas.

Según Raymond, dejar al libre mercado que obligue a converger supondría una pérdida de tejido industrial y de empleo que "una vez iniciado tiende a autoalimentarse y resulta difícilmente controlable".

Además, explicó que un pacto de rentas con los agentes sociales permitiría adeuar los crecimientos de las economías familiares al ritmo necesario para los objetivos del país, mientras que el libre mercado impondría salarios más bajos para reducir costes y ser más competitivos, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de las familias.

También los expertos en mercado laboral de la Universidad de Alcalá de Henares Juan Jimeno y Luis Toharia se mostraron a favor de una descentralización de la negociación colectiva y el sistema de protección al desempleo, como principales ejes de la reformas que necesita el mercado de trabajo.

Los dos profesores madrileños calificaron de necesario el aumento de los presupuestos destinados a la formación profesional ocupacional y la reducción del tiempo de permanencia en el paro que incluye el Plan de Convergencia, pero expresaron sus dudas sobre la eficacia de las medidas.

A su juicio, aún existe un desconocimiento sobre la oferta de trabajo en España lo suficientemente amplio como para afirmar que las medidas de flexibilidad en el empleo ymoderación salarial que se pretenden sean suficientemente acertadas.

Además, señalaron que el clima de enfrentamiento social entre el Gobierno y los sindicatos "no es el más adecuado" para acometer las reformas que persigue el programa del Gobierno.