El Convenio de Barcelona actúa como instrumento jurídico del Plan de Acción para la Protección del Mediterráneo (PAM), aprobado en 1975, por lo que este año cumple su vigésimo aniversario.

La intención de los gobiernos ribereños es aprobar en el transcurso de la reunión, que concluirá el sábado, día 10, un nuevo plan de acción, PAM II, que garantice la gestión sostenible de los recursos naturales, marinos y terrestres, umente la calidad de vida en los países mediterráneos y proteja su naturaleza.

Según la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el Convenio de Barcelona ha logrado que se reduzcan a la mitad los vertidos contaminantes al Mediterráneo desde las embarcaciones, lo cual ha motivado que en la actualidad el 25 por ciento de los vertidos se efectúen en el interior y el 75 por ciento desde la costa.

La organización ecologista Greenpeace ha denunciado que los más de 200 complejos industrales que se asientan en la ribera del Mediterráneo y sus ríos vierten cada día miles de toneladas de productos tóxicos al mar.

Ante esta situación, Cristina Narbona, que asistirá a la reunión junto al ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, José Borrell, se ha mostrado partidaria de actuar contra el origen de los vertidos que se realizan desde la costa.

ACTUAR DESDE TIERRA

Para conseguir estos objetivos, en la reunión de los países signatarios que empieza mañana se debatirá elcambio del nombre del convenio, para que pase a denominarse Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Mediterráneo.

El cambio de denominación implica extender su ámbito de aplicación a todo el mar (hasta ahora sólo se aplica a las aguas interiores marítimas) y dejar la posibilidad a los países signatarios de que también lo amplíen a las zonas costeras.

Asmismo, algunos países pretenden aprobar una enmienda que restringe los vertidos autorizados a los materiales de dragado los residuos de pescado y otros organismos marinos y los materiales geológicos que no produzcan contaminación.

Además, se analizará la posibilidad de incluir un nuevo Protocolo sobre Areas Protegidas y Biodiversidad, que contiene una lista de Areas Especialmente Protegidas de Importancia Mediterránea (AEPIM), y dejará abierta la opción de establecer áreas protegidas fuera de las aguas jurisdiccionales de los estados.

Junto a estos documentos, los ministros ribereños podrían aprobar la denominadaResolución de Barcelona, que establece la creación de una Comisión Mediterránea sobre Desarrollo Sostenible, y el compromiso de reducir y eliminar gradualmente los vertidos y las emisiones de substancias tóxicas desde la costa.

DISCREPANCIAS

Sin embargo, este párrafo no ha conseguido el consenso necesario en las reuniones previas a la conferencia de las partes y será objeto de duras discusiones en Barcelona. Greenpeace y otras organizaciones ecologistas han demandado la puesta en marcha de un plan qe consiga este objetivo antes del año 2005.

El portavoz de Greenpeace, organización que ha desplazado a la Ciudad Condal su barco "MV Greenpeace", ha advertido que debe resultar prioritario "eliminar en origen la contaminación tóxica, y para ello es necesario un acuerdo internacional que ponga fecha a su eliminación total, como ya existe en acuerdos sobre otros mares".

"Si la reunión de Barcelona", agregó, "no adopta el compromiso de eliminar los vertidos de sustancias tóxicas, persistentes y biocumulativas con un plan que culmine en el año 2005, no habrá motivos para la celebración, sino para la denuncia y la protesta".

En el apartado financiero, el presupuesto propuesto para acometer en 1996 las medidas incluidas en el convenio, asciende a, aproximadamente, 810 millones de pesetas, que serán gestionados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La asignación española para el año que viene rondará los 80 millones de pesetas.