AI ha mostrado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el citado país asiático y considera que los gobiernos de todo el mundo son responsables de la continua y sistemática vulneración de los derechos humanos en Indonesia, por su indiferencia hacia el sufrimiento de las víctimas.

En la misiva, AI pide a González que conteste a las siguientes preguntas: "¿Qué unidades de las Fuerzas Armadas indonesias reciben actualmente o han rcibido en el pasado ayuda militar de España?" y "¿Cuál es el uso final que las fuerzas de seguridad indonesias dan a los aviones de transporte españoles?".

Asimimo, le interroga sobre "¿Qué consideraciones de derechos humanos ha tenido en cuenta el Gobierno español a la hora de llevar a cabo este acuerdo de cooperación?".

TRANSPARENCIA

AI considera que la transparencia sobre las transferencias militares, de seguridad y policiales (MSP) es fundamental para evitar que éstas contribuyan a la comisón de violaciones de derechos humanos, como desapariciones, homicidios políticos, torturas y malos tratos.

"En caso de que haya motivos razonables para asumir que la cooperación militar española con Indonesia contribuye a la comisión de violaciones de derechos humanos en ese país, la Sección Española de AI se opondría a dichas transferencias", declaró Manuel Corroza, responsable de la organización en España.

En la carta, la organización también hace un llamamiento para que se legisle sobre el tem, se tenga en cuenta la situación de los derechos humanos en el país receptor y se obligue al Gobierno del país comprador a proporcionar garantías efectivas de que las tranferencias MSP no contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos.

El portavoz de AI pidió un riguroso control parlamentario, "ahora inexistente en España", de las licencias de exportación para transferencias MSP, "con especial rigor en relación con los países que, como Indonesia, tienen un historial de violaciones de deechos humanos graves"

Por último, esta organización recuerda a González las continuas violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Indonesia desde hace tres décadas y como prueba aporta el informe "Indonesia y Timor Oriental: Poder e impunidad", hecho público por AI en septiembre de este año.