En una rueda de prensa en Madrid, Sané exigió que los procesos judiciales iniciados por los dos jueces españoles "no se paren" y acusó al Ejecutivo de intentar paralizar el proceso, al dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que se oponga a las actuaciones de los jueces.

El dirigente de AI calificó de "insulto" a lo cientos de miles de argentinos y chilenos cuyos derechos humanos no fueron respetados que el Gobierno "intente poner fin, o en todo caso impedir que salga adelante, una acción del sistema jurídico español para intentar concretar las responsabilidades de los crímenes de Argentina y Chile".

Sané señaló que el Ministerio de Asuntos Exteriores español le ha asegurado que el Gobierno no está intentando influir en la investigación de Garzón y García Castellón. Añadió que "no tengo motivos para no creerlo",pero apostilló que "ustedes -dirigiéndose a los periodistas presentes- pueden que tengan motivos para no creerlo".

Además, exigió el cumplimiento de los compromisos del programa electoral del Partido Popular, según el cual "la política exterior española se basará en la defensa de los derechos humanos".

Esta defensa pasaría, según Sané, por el esclarecimiento de los crímenes contra la humanidad que acontecieron en Chile y Argentina mediante un proceso judicial como el iniciado por los jueces españles.

Asimismo, destacó el consenso general existente en la sociedad española en hacer del cumplimiento de los derechos humanos un "pilar" de la política nacional, aunque advirtió que "este consenso debe transceder de estos principios e ir más allá, es decir, a su verdadera aplicación".

MEJICO

Por otra parte, Sané se refirió a la situación actual en Méjico. Explicó que, además del conflicto de Chiapas, se está produciendo una vuelta a al fenómeno de las desapariciones por secuestros, que ya afecaron en los años 70 y 80 a 300 personas.

En su opinión, el Gobierno español debe recordar al mejicano el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales, ratificadas por el Parlamento de Méjico, en defensa de los derechos humanos en este país centroamericano.