Otros casos tratados en el informe, que repasa las violaciones de derechos humanos en los países europeos desde noviembre del pasado año hasta el mes de abril de 1991, se refieren a los objetores de conciencia al servicio militar español y al policía condenado por el homicidio de Mikel Castillo, miembro de ETA.

Sobre el caso de Tomás Liaza, el informe de AI dice que se trata de un proceso que enfrentó a la justicia española con el Gobierno, ya que los miembros del tribunal de la Audiencia de Bilbao encargados de la investigación confirmaron "las innumerables dificultades" que encontraron para aclarar la actuación de los guardias civiles, en una investigación que describieron de "compleja, prolija, larga y difícil".

Tomás Linaza, que fue arrestado en mayo de 1981 por guardias civiles del cuartel de La Salve (Bilbao) y trasladado a Marid, denunció que había permanecido incomunicado durante ocho días en los que se le aplicó la ley antiterrorista.

Posteriormente, fue absuelto sin cargos por la Audiencia Nacional en Madrid.

Durante el juicio, Linaza declaró que tanto en Bilbao como en Madrid, oficiales de la Guardia Civil le golpearon y le sometieron a la tortura de "la barra".

Además de la sistemática negativa de las autoridades a dar información al tribunal, el informe de AI explica que los acusados y algunos testigos conribuyeron a obstaculizar la pretensión del tribunal de aclarar el funcionamiento del cuartel de La Salve durante el período de detención de Tomás Linaza.

Una instalación que se intuía como un lugar caótico en el que sus oficiales desconocían de dónde procedían las órdenes oficiales y quiénes eran los jefes superiores.

AI también resalta las continuas obstrucciones de las fuerzas de seguridad en las investigaciones que perseguían descubrir la identidad de los torturadores y cómo se negaron a que pestaran testimonio 90 guardias civiles.

Posteriormente, el Ministerio del Interior confirmaría ante la comisión parlamentaria del Congreso que había dado la órden a los guardias civiles de no obedecer a las solicitudes del tribunal tras haber consultado al Ministro de Justicia y al presidente del Gobierno, Felipe González.

El tribunal, en su setencia, señaló que algunos de los oficiales responsables de malos tratos a Tomás Linaza no podrán ser identificados nunca.

Sin embargo, nueve guardiasciviles fueron reconocidos y condenados por torturas, entre ellos José Martín Llevot a quién se le acusó por desobediencia y falsificación de documentos oficiales.

AI menciona también que los oficiales condenados dejaron el servicio por jubilación, a excepción el teniente coronel Rafael Masa, quién en la actualidad está destinado en la embajada de España en la Paz (Bolivia).

Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, explicó en el Parlamento que no tomaría medidas disciplinarias contra lo oficiales procesados hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara, ya que la defensa recurrió la sentencia.