Según el último informe que AI entregó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno guatemalteco creó el pasado mes de agosto la Comisión Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, compuesta por un representnte del presidente, los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores y el procurador general. "Sin embargo, a finales de 1991 aún no resultaba claro si había entrado en funciones", señala la organización.

A pesar de que el Gobierno ha anunciado avances, las investigaciones y actuaciones legales "parecen en su mayoría defectuosas y en los casos en que se ha dictado sentencia ésta ha resultado ser insuficiente o ha sido anulada, poniéndose en libertad a los presuntos responsables", afirma el iforme.

Así, AI explica que en abril de 1991 cuatro agentes de la policía fueron declarados culpables del asesinato, en marzo de 1990, del niño de 13 años Nahamán Carmona López. Sin embargo, las sentencias fueron anuladas por motivos técnicos y en julio fue ordenada la celebración de un nuevo juicio. El caso fue transferido a otro tribunal en octubre y a finales de 1991 no había comenzado aún un nuevo juicio.

Amnistía Internacional denuncia que aquellas personas que reclaman la investigación de la violaciones de los derechos humanos "se han convertido en el blanco especial de las fuerzas de seguridad y de sus agentes civiles".

Por ejemplo, en febrero de 1991 Juan Perebal Xirum y su hijo Manuel Perebal Morales, miembros del Consejo de Comunidades Etnicas "Runujel Junam" -organización que defiende los derechos de las comunidades indígenas de Guatemala-, cayeron abatidos por disparos en las cercanías de Chupol, en El Quiché.

Los sindicalistas, líderes de los movimientos populares, estudiante, abogados, jueces y periodistas han sido cada vez más asediados y las amenazas de muerte y el hostigamiento han llevado a decenas de ellos a refugiarse en el exilio, asegura la organización.

Incluso los llamados "niños de la calle" o niños marginados han sido también víctimas de la violencia en Guatemala. A finales de 1991 había más de 60 juicios pendientes contra agentes de policías privadas o de la Policía Nacional por torturas y malos tratos contra estos menores desamparados.

AI considera quela Comisión de Derechos Humanos de la ONU debería actuar enérgicamente e instar al Gobierno guatemalteco a poner fin a las violaciones de los derechos humanos, así como a investigar efectivamente los abusos cometidos.