El compromiso del Gobierno fue la creación de un centro de crisis en cada provincia, además de en Ceuta y Melilla, es decir, un total de 52 centros que deberían funcionar el 31 de diciembre de este año. Para ello, la Comisión Europea concedió 83 millones de euros, que el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas, aunque hace unos días la Comisión Europea ha aprobado una prórroga para ampliar el plazo hasta diciembre de 2024.

“Sólo están abiertos cuatro centros de crisis 24 horas en todo el territorio español: Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid y ciudad de Madrid. Y Navarra ha anunciado la inminente apertura de otro. El objetivo de los 52 está muy lejos de cumplirse. En todo este tiempo ha habido anuncios de apertura de este tipo de centros en comunidades como Aragón, Canarias, Extremadura, Euskadi, Murcia y La Rioja. Pero estos centros no terminan de llegar”, señaló Virginia Álvarez responsable de investigación de Amnistía Internacional España.

En 2022, el total de denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentaron un 13 por ciento respecto a 2021 (17.389 en 2022; 15.388 en 2021). En este periodo, el incremento del número de denuncias por agresiones con penetración ascendió un 34 por ciento (2.870 frente a 2.143), según fuentes del Ministerio del Interior. El aumento de este tipo de denuncias contra la libertad sexual, incluidas las violaciones, aumentaron un 13 por ciento entre enero y junio de 2023, respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior.

“El número de denuncias por delitos de violencia sexual están aumentado, bien por el aumento de la información y la sensibilización, bien porque las mujeres confían en que existen recursos específicos en los que serán atendidas adecuadamente. Sin embargo, pese a esta mayor visibilización de la violencia sexual, es paradójico que las comunidades autónomas sigan sin poner en marcha los recursos especializados necesarios, como los centros de crisis 24 horas, para que las víctimas puedan ser atendidas en cualquier momento y de manera integral tras haber sufrido algún tipo de violencia sexual”, concluyó Álvarez.

Comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura y Murcia, ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, incluidas las víctimas de violencia sexual, pero este servicio dista mucho de la atención integral y especializada a las mujeres, que recomienda el Consejo de Europa, según informó AI.

“Para que las mujeres víctimas de violencia sexual confíen en las administraciones y se atrevan a denunciar, es necesario que éstas pongan en marcha servicios que las escuchen, que las atiendan desde el punto de vista médico, que les presten ayuda psicológica, y que las asesoren y acompañen legalmente en el caso de que quieran presentar una denuncia. Para ello, Amnistía Internacional pide a las comunidades autónomas que abran sin más demora centros especializados 24 horas, con personal formado en violencia sexual, y que en estos centros tengan también en cuenta las dificultades y las necesidades de colectivos especialmente vulnerables, como son las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, o las mujeres jóvenes”, concluyó Virginia Álvarez .